La Diputación de Pontevedra pagó casi 60 millones de euros en adelantos de la recaudación fiscal a los 56 concellos que le cedieron la gestión y el cobro de algún tributo, como el IBI, el IAE, el impuesto de circulación o incluso las multas. Esos ingresos garantizaron la liquidez municipal, pues se distribuyeron mensualmente desde enero en función de la previsión de ingresos fiscales. De esa cantidad total, 57,3 millones correspondieron a esta vía ordinaria. A ellos se unieron 2,6 de anticipos extraordinarios.
El montante de anticipos se redujo 2,5 millones respecto al año 2015, en que se inició un descenso hasta los 61,8 de 2016 y los 60,4 de 2017 debido a la caída de las aportaciones extraordinarias, pues las ordinarias se incrementaron. La institución provincial achaca ese descenso a la "voluntad propia de los concellos".
La encomienda tributaria municipal dejó en manos de la diputación la gestión y cobro de 216,4 millones en total, 19 más que en 2015, debido a la mejora económica y su repercusión sobre los ingresos públicos. Sin embargo, el ORAL cerró el año pasado con una recaudación de 121,6 millones, de los que 15,3 correspondían a la vía ejecutiva, que se inicia ante impagos y que, de no concretarse, deriva en embargos.
El ORAL gestionó el IBI de 49 municipios, el cobro de multas de tráfico en 26, las funciones catastrales en 47, el impuesto de actividades económicas en 48 y la recaudación en vía ejecutiva de 56, entre otros.
