El Índice de Desarrollo de Servicios Sociales (DEC) que cada año publica la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales otorga al sistema gallego una nota de 4,70, que lo coloca en el puesto 12 y dentro del grupo de las siete autonomías que suspenden. Madrid, con solo un 3,20, es la que recibe la peor calificación y tampoco aprueban Murcia, Comunidad Valenciana, Extremadura, Canarias y Andalucía. Aragón y Cantabria obtendrían el aprobado por los pelos, pero se situarían por debajo de la media estatal del 5,22. El informe publicado ayer recoge diferencias destacadas entre comunidades, sobre todo en lo que se refiere a las normas autonómicas para regularlos. De Galicia, el estudio recoge que en los denominados "derechos de papel" cuenta con un sistema ordenado con ley, catálogo, plan estratégico y buena integración entre administraciones, pero, según los datos del año pasado, cuenta con una inversión económica débil y una escasa cobertura de prestaciones y servicios.

Son tres los indicadores que miden la relevancia económica de los servicios sociales en la comunidad y aunque los tres han mejorado sus cifras respecto a 2016 continúan por debajo de la media estatal. Así, el gasto social por habitante ha pasado de 274,9 a 332,7 euros, lo que supone una subida del 21% aunque está a casi 50 euros de diferencia del promedio nacional. También el porcentaje del PIB que se dedica a estos gastos ha aumentado en dos años del 1,29% a 1,48% y se aproxima al 1,52% estatal. De la misma forma, el gasto de las administraciones gallegas, tanto la Xunta como los concellos, creció del 8,11% al 9,16%.

El estudio también destaca que en el sistema gallego la cobertura es baja en relación al gasto corriente de las administraciones. Por eso, los expertos instan a mejorar la cobertura y dotación del sistema de rentas mínimas de inserción por encontrarse por debajo de la media estatal. Benefician a menos del 7% de las personas por debajo del umbral de pobreza, un punto menos que el promedio del conjunto de España.

Los directores y gerentes de los servicios sociales instan además a continuar al alza en la cobertura de la atención de la dependencia, que alcanza el 7,75%, mientras que en España es del 10%. Al mismo tiempo, el limbo de dependencia, es decir, el porcentaje de desatención, se ha reducido en dos años pero con un 12%, se encuentra ocho puntos por debajo de la media estatal.

En el informe se apuntan déficits en los servicios para personas mayores, sobre todo en las plazas de residencias de mayores, con una cobertura del 1,08% frente a las 2,47% del promedio estatal; en ayuda a domicilio y teleasistencia, donde la cobertura del 2,75% es solo un tercio de la media española del 9,29%. También es muy baja la cobertura de plazas en residencias para personas sin hogar, con una ratio de 35,1 por cada millar de habitantes, cuando en el resto de España es del 62, casi el doble.

Más ayuda a domicilio

La comunidad solo tiene mejores resultados en lo que se refiere a la cobertura en plazas en centros de día, con un índice del 1,21%, por encima del 1,09% de media estatal. Además, el sistema público gallego se distancia en cuanto a la intensidad en la ayuda a domicilio, con una media de 29,16 horas mensuales, un 60% más que las 18,89 en España, según el citado índice.