Hace dos años la comunidad científica gallega se rebeló contra el proyecto de decreto que preparaba la Xunta para regular la carrera investigadora por perpetuar su inestabilidad laboral y frenar la capacidad innovadora de Galicia. Este rechazo unánime obligó al Gobierno gallego a paralizar esta norma y comprometerse a elaborar otro borrador consensuado con los implicados. Ahora el Sergas, del cual dependen la práctica totalidad de los investigadores gallegos, ha decidido retomar el proyecto y ultima un nuevo texto que en breve someterá a consulta pública. Sin embargo, los científicos gallegos denuncian que la Xunta no se ha sentado a hablar con ellos pese a que llevan dos años pidiendo una reunión para plantear sus propuestas.
La mayoría de los investigadores contratados por la Xunta, unos 200, trabajan para los tres institutos biomédicos de Galicia y casi todos, salvo alguna excepción, tienen contratos temporales. Esto condiciona el acceso a financiación y a ayudas públicas para investigar puesto que las convocatorias del Gobierno y de la UE exigen una estabilidad laboral igual o mayor a la del proyecto que van a desarrollar.
El primer borrador de decreto para regular la contratación de investigadores contemplaba contratos de una duración máxima de cinco años. El malestar de la comunidad científica ante esta normativa se canalizó con un manifiesto firmado por 40 investigadores de reconocido prestigio en el que pedían a la Xunta la retirada del decreto. El presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, los escuchó y anunció su paralización. "Mientras no haya aproximación no vamos a aprobar este decreto", se comprometió.
Pasó el tiempo y los investigadores solicitaron reuniones en diversas ocasiones con la gerente de la Axencia do Coñecemento en Saúde, Beatriz Allegue, para trasladarle sus propuestas. "Lo solicitamos muchas veces, pero nunca hubo una reunión", explica Carlos Spuch, investigador de la Fundación Biomédica Galicia Sur. Por esta razón, a los investigadores les sorprende que la Xunta tenga ya un nuevo borrador sin haberles consultado.
La Consellería de Sanidade alega que será en el proceso de consulta pública previa "donde se va a enriquecer la norma y a recibir ideas y propuestas de todos aquellos que quieran aportar".
Según explican, el nuevo decreto aborda el régimen de contratación del personal investigador en los centros y estructuras del I+D sanitario. "Lo que se pretende es regular una carrera investigadora, fomentando la estabilización y la retención del talento en nuestras estructuras de I+D del ámbito biosanitario", avanzan.
El problema es que no existe un sistema de acceso, una carrera o una estructura salarial homogénea para los investigadores que trabajan para el Sergas. "Donde yo trabajo no hay dos personas que cobren lo mismo o que tengan las mismas condiciones laborales", explica Carlos Spuch.
Cada uno de ellos accedió a su plaza a través de las distintas convocatorias para contratar investigadores que ofertan la Xunta o el Estado -por ejemplo, las becas Parga Pondal o Miguel Servet- y cada uno de estos programas tiene unas condiciones diferentes, de ahí la heterogeneidad de contratos y sueldos dentro de la plantilla investigadora gallega.
Lo que tienen en común es que son contrataciones temporales que se prolongan en el tiempo. Carlos Spuch explica que estuvo trabajando cuatro años con un contrato en prácticas y otros cuatro como becario y fue a raíz de una inspección de trabajo que obligaron a la Xunta a hacerle indefinido.
El modelo a seguir, según explica, es el de País Vasco o Cataluña, donde los investigadores entran a trabajar con un contrato temporal. Están cinco años a prueba y luego son sometidos a una evaluación que si superan los convierte en indefinidos.
