Con un salario medio de 900 euros, los jóvenes gallegos difícilmente pueden afrontar un alquiler, cuyo coste ronda los 400 euros, y menos aún pagar una hipoteca (unos 461 euros de media). El acceso a una vivienda pública se convierte así en la única salida para muchos menores de 35 años que quieren emanciparse, dejar de compartir piso o encontrar un alojamiento que les permita vivir sin asfixias económicas. De ahí que 4.083 jóvenes estén inscritos como demandantes de vivienda protegida de la Xunta tanto para alquilar como para compra. Son un tercio del total de aspirantes que están en espera en la comunidad gallega.

Casi la mitad de la demanda se concentra en la provincia de Pontevedra, donde 1.757 menores de 35 años están apuntados en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida de la Xunta. Otros 1.584 han presentado su solicitud en A Coruña, mientras que en Lugo hay solo 547 jóvenes inscritos y en Ourense únicamente 195.

Buscan también pisos para comprar pero sobre todo alquileres. De hecho, de los 13.385 gallegos inscritos en el registro de demandantes, solo el 15 por ciento ha solicitado la adquisición de una vivienda pública.

El Instituto Galego de Vivenda e Solo dispone de un parque público para alquiler de 3.500 viviendas, que están todas ocupadas. La única opción de lograr la adjudicación de uno de estos pisos es que quede alguno vacante o bien que la Xunta amplíe su oferta de arrendamiento.

En cuanto a las opciones de compra tampoco son muchas. Con la crisis hubo un parón en la construcción, que afectó también a la vivienda protegida, y superada la recesión sigue sin reactivarse la edificación de pisos públicos en Galicia. Así, por ejemplo, en 2017 solo se construyeron 12 en toda la comunidad y en 2018 únicamente 8.

Hay otra vía para aquellos que tienen dificultades para afrontar el pago del alquiler, al margen de esperar por una vivienda pública: las ayudas que se conceden, al amparo del Plan de Vivienda, para sufragar los costes del arrendamiento. Aunque están dirigidas a todos los que cumplan unos determinados límites de renta, hay tres colectivos preferentes: familias numerosas, mayores de 65 años y menores de 35.

Sin embargo, estas subvenciones también se quedan cortas ante la elevada demanda. Hubo más de 12.000 solicitantes, pero la Xunta solo dispone de presupuesto para conceder unas 4.200. Y además su concesión va con retraso: de momento solo ha abonado a los beneficiarios el 20 por ciento de la partida económica disponible.

Según los datos del Observatorio da Vivenda de la Xunta, el alquiler medio pasó en Galicia de 385 euros en 2017 a más de 400 euros el pasado año. Vigo es la ciudad con el precio más alto: 481 euros.