Prender fuego en un espacio protegido saldrá caro. La Xunta endurecerá las sanciones por daños en el patrimonio natural, de manera que los autores de incendios que afecten a estas áreas de especial protección afrontarán multas de hasta dos millones de euros, además de asumir los gastos de restauración del medio natural. Así lo recoge la nueva Lei de Patrimonio Natural de Galicia que acaba de aprobar la Xunta y que sustituye a una normativa anterior que llevaba en vigor 20 años.

"Esto es hablar en serio de incendios forestales en espacios protegidos", sentenció el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien explicó que un fuego en un parque natural será considerado infracción muy grave y estará castigado con multas que oscilarán entre los 200.000 y los dos millones de euros. La normativa vigente contemplaba sanciones máximas de 300.000 euros, es decir seis veces menos.

Las llamas son el peor enemigo de los espacios naturales de Galicia. Cada año el fuego calcina hectáreas de zonas protegidas: el parque do Xurés es de los más afectados, pero los demás no se libran. El verano pasado, por ejemplo, se quemaron 113 hectáreas de O Invernadoiro, en Ourense, y en 2012 ardieron As Fragas do Eume. En la ola de incendios de octubre de 2017 la Xunta cifró en 11.400 las hectáreas calcinadas en Red Natura, el 23% de todo lo que ardió ese fatídico mes.

Lei de Patrimonio Natural de Galicia: otras novedades

Pero el endurecimiento del régimen sancionador no será la única novedad de esta nueva ley a la que dio ayer el visto bueno el Consello de la Xunta. Como norma, cada vez que haya un conflicto entre la preservación del medio y la ordenación territorial y urbanística prevalecerá siempre la protección de los espacios naturales. Además cuando una empresa quiera explotar o actuar en un espacio protegido deberá depositar una "garantía económica" que la Xunta usará en caso de incumplimiento.

El texto normativo, que ahora iniciará su tramitación parlamentaria, exigirá además que los nuevos parques naturales que se autoricen a partir de ahora tengan una superficie superior a las 10.000 hectáreas, criterio que solo cumple uno de los seis espacios actuales, a los que, en todo caso, no afectará este regla.

Se creará además una nueva categoría de espacio protegido: las microreservas, para proteger aquellas áreas con una superficie inferior a 20 hectáreas que contengan "hábitats raros o especies amenazadas".

Y para evitar retrasos en los mecanismos de protección, será obligatorio a partir de ahora que cada vez que se declare como protegido un determinado espacio natural al mismo tiempo se apruebe su plan de gestión. Esto servirá para que no se repita el caso del parque de As Fragas do Eume que sigue sin plan rector dos décadas después.

Los instrumentos de planificación de espacios naturales tendrán una vigencia indefinida, salvo los planes de uso y gestión que durarán un mínimo de 10 años. También se dará amparo a las especies en situación de riesgo creando una lista de animales silvestres de protección especial, en la que se incluirán desde el chorlitejo patinegro, el oso pardo, el lirio del Xurés o el águila real.