Cada vez son más los gallegos que no se conforman con el médico de cabecera que les asigna el Sergas y deciden elegir al profesional que los trata. En 2018 un total de 68.405 pacientes ejercieron su derecho a la libre elección de facultativo de familia, son tres mil más que un año antes (un 4,6 por ciento). Esto es posible desde abril de 2015 gracias a la Lei de garantías de prestacións sanitarias. También se puede elegir centro hospitalario, pero esta opción es muy minoritaria todavía: solo 16 gallegos solicitaron cambio de hospital.
La norma permite igualmente cambiar de pediatra, una opción a la que recurrieron 7.489 usuarios el pasado año, una cifra muy similar a la de 2017. Lo que, por el contrario, se redujo bastante fue el cambio de personal de enfermería. Demandaron que se les asignara un nuevo enfermero un total de 40.297 gallegos, casi 20.000 menos que un año antes.
Es, por lo tanto, el médico de familia donde los gallegos hacen más cambios y además es una opción que va en aumento. Puede haber múltiples motivos detrás: descontento con el facultativo que les asignó el Sergas o el deseo de ser atendido por otro profesional que goza de buena reputación, entre otros. La única limitación es que el médico elegido no supere un determinado número de cartillas.
La Consellería de Sanidade ha remitido al Parlamento el informe sobre el cumplimiento de la Lei de garantías de prestacións sanitarias, que además de contemplar la libre elección de personal sanitario garantiza unos plazos máximos de consultas, pruebas diagnósticas y para operarse en aquellos casos más graves.
Así, por ejemplo, en pacientes con cáncer, con una patología severa de las válvulas cardíacas, aneurismas cerebrales, obstrucciones arteriales graves, desprendimientos de retina o hidrocefalia la intervención quirúrgica deberá realizarse antes de 60 días.
Y de esta medida se beneficiaron 11.321 gallegos, que fueron operazos dentro de los plazos marcados por la ley. Únicamente hubo que derivar a 94 pacientes a otros hospitales ante la imposibilidad de que fueran intervenidos dentro de los límites de tiempo previstos en su centro hospitalario de referencia. Y, en cualquier caso,todas estas derivaciones se hicieron dentro de la red pública y sin necesidad de recurrir a la sanidad concertada.
Otros 6.378 gallegos, con sospechas de cáncer, fueron citados para la primera consulta dentro del plazo estipulado por ley de 45 días.Y dentro de este mismo margen temporal se realizaron pruebas diagnósticas a 15.936 gallegos.
La Lei de garantías de prestacións sanitarias contempla también el derecho de los pacientes a disponer de una segunda opinión médica, aunque solo en aquellos casos de tumores malignos o enfermedades neurológicas inflamatorias y degenerativas e invalidantes. Sin embargo, solo 353 personas consultaron su diagnóstico a un segundo facultativo, un 32 por ciento menos que el año anterior.
Lo que va en aumento es el número de gallegos que dejan constancia por escrito de sus últimas voluntades: son ya 8.315 las personas que han firmado el documento de instrucciones previas, en el que expresan los tratamientos y cuidados que quieren recibir al final de la vida así como si quieren ser mantenidos con vida artificialmente o no. Solo en el último año este registro creció en 980 personas.
