Durante algo más de tres décadas, ocho países lanzaron unas 140.000 toneladas de residuos nucleares en la llamada Fosa Atlántica, un área del océano situada unos 650 kilómetros de Galicia. Desde 2005 no hay constancia de inspecciones o análisis realizados sobre la zona misma del vertido, si bien los países deben tener mecanismos de vigilancia en sus costas para detectar una posible contaminación por radiación en sus aguas, aunque nada se sabe oficialmente de sus resultados. El Gobierno español no ha desvelado si realiza estos controles ni tampoco qué conclusiones arrojan. El caso es que la Comisión Europea acaba de anunciar que el próximo año verificará los mecanismos de control que utiliza España en la costa gallega "para comprobar su funcionamiento y eficacia" ante un eventual episodio de contaminación producido por los residuos nucleares tirados en el fondo del mar de la Fosa Atlántica.

Así consta en una respuesta del comisario de Energía de la UE, Miguel Arias Cañete, a la eurodiputada del Bloque Ana Miranda. La parlamentaria sostiene que la última vez que Bruselas realizó esta "misión de verificación" fue en el año 2003 y que desde entonces nada se sabe. El Gobierno español, dice, guarda silencio, hasta tal punto que se desconoce incluso si realmente se están realizando los controles, "aunque en teoría debe hacerlos", asegura Ana Miranda.

Nadie, que se sepa, ha realizado últimamente estudios o análisis sobre el grado de conservación de los 223.000 bidones de acero y hormigón conteniendo material nuclear que se lanzaron a la Fosa Atlántica entre los años 1949 y 1982. Allí deben seguir a 4.000 metros de profundidad, sometidos a una intensa presión y bajo la acción corrosiva del agua salada. Desde 2005 ninguna institución pública nacional ni internacional realiza un seguimiento de la situación bajo el mar. La última inspección de la que se tiene constancia, en 2005, la desarrolló el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), que determinó que los niveles de radiactividad eran muy bajos y que, en cualquier caso, se diluyen en el mar antes de alcanzar la costa.

Los bidones con residuos nucleares los arrojaron Gran Bretaña, Holanda, Francia, Bélgica, Alemania, Italia, Suiza y Suecia. Suman unas 140.000 toneladas y están repartidas en unas treinta ubicaciones a 650 kilómetros de la costa gallega. Ahora ya rige una prohibición permanente de realizar nuevos vertidos, además de que repetir una acción similar resultaría imposible por la respuesta social a semejante práctica.

En todo caso, los Estados miembros de la UE tienen la obligación de controlar de modo permanente el índice de radiactividad de la atmósfera, de las aguas y del suelo en su territorio y a comunicar esta información a la Comisión Europea. Y el Gobierno de la UE, por su parte, se encarga de "verificar las instalaciones de control de la radiación en los Estados miembros para comprobar su funcionamiento y eficacia".

Esta supervisión se programa con antelación en las llamadas "misiones de verificación", cuyo calendario se revisó a finales de 2018. Y en esa revisión se acordó que en 2020 la Comisión Europea comprobará los controles que realizar el Gobierno español para vigilar "la radiactividad marina en la costa de Galicia". Una vez hecha la inspección, según la respuesta remitida a Ana Miranda, Bruselas decidirá sobre las medidas posteriores que se deberán tomar.

En mayo del pasado año, la propia Comisión Europea descartaba realizar nuevos estudios sobre la zona de vertidos en la Fosa Atlántica alegando que no había motivos para ello.