Hay otra seguridad que no son las de las calles y otros asaltos que, aunque sean intangibles, existen y causan importantes destrozos. Son los denominados "ciberataques": virus y maniobras deliberadas que persiguen el boicot contra un sistema informático, y que en el caso de las administraciones públicas, puede comportar el acceso a información "sensible". Una de las afectadas por este mal -en ocasiones tan indescifrable como asociado a la era digital- es precisamente la Xunta. Solo en 2018 los equipos y plataformas habilitadas para combatir a los malhechores virtuales abortaron más de 27 millones de estos "ciberataques", según datos a los que ha tenido acceso FARO.

Y la tendencia tiene visos de ir en aumento, apuntan desde la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega). A partir del año 2009 la Xunta viene poniendo en marcha una batería de medidas encaminada a blindar la protección de sus archivos. Todos: desde la información sanitaria, educativa, tributaria o social hasta cualquier comunicación que entablan los ciudadanos con la administración autonómica. A ello hay que sumar las conexiones de toda la red corporativa de la Xunta, "que cada vez gestionan un mayor volumen de tráfico y que necesitan también de más recursos para evitar incidentes de seguridad".

En el caso de los conselleiros y altos cargos, sus equipos cuentan con los mismos sistemas de protección que el resto de personal, sin perjuicio de que en momentos puntuales sí se puedan instalar "medidas adicionales". Así lo explican desde la Amtega, el órgano que desde hace un década viene actualizando permanentemente sus armas para hacer frente a los peligros de la Red.

Uno de los últimos avances tuvo lugar en 2018. Entonces se consolidó la plataforma CSIRT.gal, una entidad con réplica a nivel nacional que se encarga de coordinar la prevención y la respuesta ante los incidentes. Este grupo especializado e independiente no tiene ánimo de lucro y está integrada por el Centro Criptológico Nacional -que depende del CNI-, por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), el Mando Conjunto de Ciberdefensa así como por la Policía Nacional, empresas privadas y comunidades. Desde el año pasado, Galicia forma parte del club. En la Comunidad operan 15 técnicos con el apoyo de compañías como Telefónica, R, Ednon, Emetel, Unisys o Balidea. Entre sus funciones está la de vigilar continuamente los sistemas, alertar de posibles "amenazas emergentes" o llevar a cabo auditorías de seguridad y análisis de riesgos.

En los últimos tres años, de acuerdo con su Plan Director de Seguridad TIC, el Gobierno gallego ha invertido 6,4 millones de euros en varias iniciativas. Entre ellas, crear un "cortafuegos" capaz de garantizar la disponibilidad de las páginas web, unificar la gestión de los sistemas antivirus para facilitar alertas instantáneas en caso de virus o implantar un "filtro" a través del cual se depuran, cada semana, 5 millones de correos electrónicos internos.

El Plan -que está pendiente de ser actualizado- también recoge acciones de formación para entrenar a sus empleados públicos y concienciarles de que detrás de su ordenador, o su email, acechan las amenazas.