El conselleiro de Economía, Francisco Conde, aseguró ayer que lo que le "preocupa" es "que se pueda aclarar todo" en el caso en el que está investigado el director xeral de Minas, Ángel Bernardo Tahoces, que tendrá que declarar la semana que viene en un juzgado de Noia (A Coruña) por un supuesto delito de prevaricación ambiental, a petición de la Fiscalía, por la autorización irregular de reapertura de la mina de wolframio de San Finx en Lousame.
En un acto en Santiago, el conselleiro sostuvo que su objetivo es "aclarar todos los aspectos administrativos vinculados a la tramitación de este expediente". "Al tratarse de un expediente administrativo y al tratarse de una investigación judicial, pues el máximo respeto y la máxima colaboración", destacó.
Precisamente este martes, el director xeral de Minas aseguró ayer en el Parlamento que "todo lo actuado" desde su departamento y los servicios técnicos de la Xunta en cuanto a la reapertura de la mina "se ajusta estrictamente a la legalidad".
Por su parte, Conde incidió en que su intención es trasladar, con "transparencia", toda la información que precise el juzgado "para aclarar este expediente que hace 10 años que se instruyó". Además, subrayó que "simplemente" lo que hizo la Xunta fue "tramitar desde el punto de vista administrativo en base a normativa".
Al respecto de si le preocupa la postura de Fiscalía, que ve indicios de un delito de prevaricación ambiental, apuntó que lo que le preocupa "realmente" es "que se puedan aclarar todos los aspectos, que se pueda trasladar toda la información, desde el punto de vista administrativo".
"Desde la Xunta estamos cumpliendo la normativa, no solo la minera, sino también la sectorial. Y desde ese punto de vista estamos salvaguardando y garantizando la protección medioambiental, la protección urbanística y también el impacto sobre el medio rural", reivindicó.
Por su parte, En Marea y Bloque reclamaron ayer en comisión parlamentaria el cese del director xeral de Minas por favorecer a una empresa privada desde la Xunta.
