La Xunta incumple la ley que obligaba a subastar los cientos de minas abandonadas en Galicia antes del pasado 26 de octubre para reactivar un sector que factura alrededor de 600 millones de euros anuales en la comunidad. La subasta ha quedado aparcada y solo se convocará después de que la administración apruebe dos normas paisajísticas, un retraso que la Consellería de Economía justifica para poder adaptar el citado concurso a las nuevas exigencias medioambientales.
A finales de 2017, el Ejecutivo gallego sacó adelante la Lei de Fomento da implantación de iniciativas empresariais, un cajón de sastre normativo que pretendía, en términos generales, rebajar la carga burocrática en algunos sectores para contribuir al crecimiento económico.
Su disposición transitoria segunda era clara y establecía que la Dirección Xeral de Enerxía e Minas, dependiente de la Consellería de Economía, dispondría de un año a partir de su entrada en vigor para "convocar los correspondientes concursos de los derechos mineros caducados con anterioridad". La norma entró en vigor el 26 de octubre de 2017, por lo que el plazo legal para realizar esa subasta expiró esa misma fecha del ejercicio pasado.
El retraso suma ya casi medio año, pero no se quedará ahí. Fuentes de Economía explican que los avanzados trabajos en el procedimiento -de gran complejidad técnica, añaden- se han detenido hasta que se aprueben dos normas autonómicas en materia de protección paisajística que se encuentran en fase de tramitación y cuyo contenido se aplicará a las exigencias a las empresas que deseen reactivar minas abandonadas. Se trata de las Directrices da Paisaxe y el decreto de Protección da Paisaxe, en los que trabaja la Consellería de Medio Ambiente. "En este concurso se trata de garantizar el máximo respeto medioambiental y paisajístico. Lo más prudente es esperar a que se aprueben", alega el departamento dirigido por Francisco Conde, que rechaza la opción de subastar la explotación de yacimientos con unos criterios de impacto ambiental no adaptados a unas nuevas exigencias que están cocinando en otro departamento del Ejecutivo.
Esta condición deja en el aire la fecha del concurso minero. Las Directrices da Paisaxe comenzaron su tramitación en 2016 y su aprobación ha sido aplazada en varias ocasiones, si bien desde el departamento dirigido por Ángeles Vázquez aseguran que recibirán luz verde antes del verano. En el caso del decreto da Protección da Paisaxe no existe un plazo concreto. Medio Ambiente solo detalla que "el acuerdo del inicio del reglamento de la Lei da Paisaxe está previsto para mayo".
Una vez se aprueben esas normas, las condiciones para explotar yacimientos abandonados que regirán en la subasta minera se adaptarán a sus preceptos. Economía no desvela una previsión de la fecha en que se convocará ese concurso ni a cuántas explotaciones afectará.
Subasta anterior
De acuerdo con el Catastro Minero del Gobierno central, Galicia contaba el año pasado con 630 permisos de explotación caducados, es decir, cuya autorización para extraer algún mineral ya no está vigente.
No saldrán a subasta aquellas minas que ya hubiesen sido objeto de procedimientos similares con anterioridad, caso de las alrededor de 450 excavaciones sin actividad, pero con autorizaciones vigentes, que Economía ofreció al sector en un trámite que arrancó en 2011 y finalizó hace dos años, dilación vinculada principalmente a las complejidades técnicas de cada expediente. Entonces, solo tres de ellas derivaron en nuevos permisos de explotación. En otros 48 casos las empresas interesadas iniciaron estudios de viabilidad antes de decidir si hundían sus palas en ellas o no.
