Los propietarios de fincas situadas cerca de núcleos urbanos y viviendas tienen de plazo hasta el 31 de mayo para limpiarlas. Y no podrán eludir sus responsabilidades porque técnicos de la Xunta y de los concellos peinarán una por una las parcelas para detectar incumplimientos. Si hay maleza en estos terrenos, situados dentro de las franjas de seguridad contra incendios, se enviará una notificación a los propietarios instándolos a desbrozar en el plazo de quince días. Pasado ese periodo se volverá a inspeccionar las parcelas y, en caso, de que no se haya eliminado la biomasa será la Xunta, a través de la empresa pública Seaga, la que entre a limpiar y pase la factura al titular del terreno, que además se enfrentará a sanciones que hasta 3.000 euros.
Éste será el procedimiento que regirá en los 177 concellos que han suscrito el convenio con la Xunta para la gestión de la biomasa forestal y que entra en vigor este año.
Aunque la limpieza de las franjas de protección contra incendios no es una obligación nueva, la falta de medios y recursos por parte de los ayuntamientos obstaculizaba su cumplimiento -los concellos son los responsables subsidiarios de acometer los desbroces si el propietario no lo hace-.
Los incendios de octubre de 2017, que cercaron zonas pobladas y pusieron en riesgo aldeas enteras, obligaron a la Xunta a actuar. La Consellería de Medio Rural suscribió en agosto del pasado año un convenio de colaboración con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para prestar soporte a las corporaciones locales en la limpieza de las franjas de protección. La Administración autonómica invertirá 28 millones de euros y será la empresa pública Seaga la que se encargue de las tareas de desbroce.
El primer paso fue definir las franjas de protección. Los concellos tuvieron de plazo hasta el 31 de marzo para enviar a la Consellería de Medio Rural la cartografía necesaria para identificar qué parcelas deben estar limpias antes del 31 de mayo.
Con carácter general debe mantenerse desbrozada, sin especies pirófitas ni maleza, un perímetro de 50 metros desde las casas.
La definición de las franjas es más fácil cuando los concellos disponen de planes municipales adaptados a la Lei de Ordenación Urbanistica de Galicia (LOUG), puesto que, de esa manera, la delimitación de las parcelas afectadas es automática.
Si los ayuntamientos no tienen planes urbanísticos adaptados a la LOUG, la Xunta revisará toda la documentación cartográfica y la digitalizará. Y si los concellos carecen de planificación urbana se usarán los criterios aprobados en la comisión de seguimiento del conenio firmado con la Fegamp para delimitar las franjas.
La identificación de las parcelas que deberán mantenerse limpias será sometida a un periodo de exposición pública para que puedan presentar alegaciones tanto los concellos como los propietarios de las fincas.
El plazo para desbrozar estas franjas de seguridad se adelantó ya el pasado año al 31 de mayo -antes se daba de margen hasta finales de junio- y se mantiene ese horizonte en 2019.
Y ésta vez ningún propietario podrá zafarse porque los concellos adscritos al convenio y la Xunta "irán al terreno y estudiarán in situ cada una de las franjas", tal y como se explica en el díptico informativo que Medio Rural entregará a los ayuntamientos y que explica el procedimiento.
Serán los técnicos municipales los encargados de la inspección, salvo en el caso de las 68 parroquias de máximo riesgo de incendios donde las comprobaciones serán realizadas por Seaga.
Si se detectan incumplimientos se enviará una notificación al propietario instándole a limpiar la maleza en un plazo de quince días. Después se hará un nuevo control sobre esas parcelas y si siguen llenas de maleza será Seaga quien acometa de forma subsidiaria las tareas de desbroce pasándole la factura a los propietarios.
En todo caso, la Xunta actuará directamente sobre unas 700 aldeas, incluidas en las 68 parroquias de máximo riesgo. De la limpieza de estas parcelas se encargará Seaga que después pasará la factura al propietario -350 euros por hectárea-.
Diecisiete de estas parroquias están en Lugo, 12 en A Coruña, 29 en Ourense y 17 en la provincia de Pontevedra.
