La Galicia "vaciada" encierra una paradoja. Mientras la mitad del territorio camina hacia el precipicio demográfico, consecuencia del desplome de la natalidad y de un envejecimiento lacerante, la tierra tiene cada vez más dueños. Hay 200.000 propietarios más de fincas rústicas que hace diez años; un tiempo en el que por otro lado la Comunidad siguió siendo víctima de su hemorragia de población, con una pérdida 51.000 habitantes.
Los datos, que a priori pueden parecer un contrasentido, pueden obedecer a dos causas, según los expertos consultados. Uno es el fenómeno de las herencias, que posibilitan que una finca de un solo dueño acabe pasando a varias manos sin necesidad de alterar la superficie. "Un padre tiene tres hijos, el padre muere, y se queda la parcela con tres titulares", ejemplifica Juan Picos, profesor de la Escuela de Ingeniería Forestal de la UVigo.
El otro motivo es el conocido como "catastrazo". Es decir, los esfuerzos que en los últimos años ha desplegado el Ministerio de Hacienda por regularizar bienes que no figuraban en sus registros. Francisco José Ónega, experto agroforestal y miembro del colectivo Terra e Territorio, se abona fundamentalmente a la tesis de las herencias aunque apunta también a una posible "mejora del sistema de información disponible" del Catastro que pudo hacer que afloraran los cambios de propiedad de algunas tierras.
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Así se entiende mejor que el número de titulares haya crecido a ritmo constante de los 1.509.834 anotados en el año 2008, a los 1.711.879 del 2018, último dato disponible en el IGE a partir de la información de la Dirección General del Catastro.
Las estadísticas, no obstante, niegan que esta realidad haya acarreado un agravamiento del "minifundismo", una realidad tan propia del rural de Galicia como denostada por quienes la ven como un freno a la prosperidad agrícola. Nada más lejos. En realidad, el número de parcelas ha descendido considerablemente desde el inicio de la crisis, con 455.000 solares menos. Galicia cuenta ahora con 11.117.033 parcelas, lejos de las 11.572.320 de entonces.
Como en el incremento de los propietarios, aquí concurren varios factores. "Algo tendrá que ver con la concentración parcelaria", sostiene Picos, aunque en un contexto sin grandes movimientos de mercado la principal hipótesis pasa por las "compras de fincas colindantes", como cuando "una persona compra al vecino y va haciendo su parcela un poco más grande". Una tercera posibilidad -añade- es la agregación de tierras que lindan con montes vecinales y que en un determinado momento "han quedado del lado de la comunidad".
Sea como fuere, lo que sí se ha multiplicado exponencialmente es el valor catastral de las tierras. Solo en diez años, se disparó un 143% al pasar de 1.968,3 millones de euros a los 4.778,9 del 2018. Un nuevo valor llamativo si se tiene en cuenta la imagen de un rural abandonado, descuidado o en decadencia, pero que cobra sentido si se apunta de nuevo al trabajo del Catastro. Desde 2013 los técnicos de Hacienda destaparon en Galicia medio millón de inmuebles sin declarar gracias a inspecciones con drones u observaciones a pie.
Las revalorizaciones tienen que ver con todo tipo de mejoras. No solo con la construcción de piscinas o el levantamiento de galpones - las más frecuentes- sino con actuaciones incluso menores, como la "instalación de unas ventanas" o el cultivo de una parcela que antes era tierra yerma. Todas tienen que ser notificadas al Catastro. "¿Qué pasa? Que eso no se hace habitualmente, por desconocimiento, por los trámites y porque la gente piensa: 'Si estoy pasando trabajo y me va a repercutir en la cuota del IBI, para qué lo voy a hacer'", subraya Ónega. De hecho, los ayuntamientos gallegos han recaudado por este impuesto un 20% más (83 millones) desde 2012.
El rural, es evidente, está en plena transformación demográfica y territorial. El hecho de que se incrementen los propietarios pero se reduzcan los habitantes habla de que el control de las fincas está cada vez más desvinculado del terreno. ¿Cómo solucionarlo? Juan Picos propone incentivar los modelos "colectivos" que permitan, por un lado, blindar la conexión de los cooperativistas con las parcelas a través de su participación en los proyectos y generar al mismo tiempo economías de escala. "Si no desarrollamos eso, conseguiremos que el territorio no valga para nada y sea un estorbo para la gente". Lo que sería desfavorable es que todo el mundo le vendiera sus parcelas al jeque de Dubai", ironiza
