Aunque el 80% de los incendios que se producen en la comunidad gallega son intencionados, realmente solo entre el 3% y el 4% se originan con el propósito de provocar daños y "hacer mal". Así lo ha asegurado el fiscal delegado de Medio Ambiente en Galicia, Álvaro García Ortiz, a partir de los datos y estadísticas que maneja la Fiscalía.

Para García Ortiz se debe distinguir entre aquellos fuegos provocados con una intención dolosa, la que persigue hacer el mal directamente, "que solo son el 3% o el 4% de los casos", frente a aquellas intencionalidades que pretenden quemar, pero cuyas consecuencias van más allá de esa acción. El fiscal apuntó que desde el punto de vista penal la responsabilidad de una persona que inicia un incendio con intención dolosa "no es la misma" que la de alguien que planta un fuego como "un recurso o como un instrumento", aunque las consecuencias de las llamas "vayan más allá", por ejemplo, que se escape el fuego más allá de la zona inicialmente acotada.

García Ortiz subraya que cada vez existe una mayor concienciación contra los incendios. En este sentido, considera que la ola de fuegos de 2017, "cuando las llamas se acercaron a las áreas urbanas", contribuyó a esa concienciación.

Así, recuerda que la elaboración de planes antiincendios es una obligación legal de los ayuntamientos, por lo que destaca que "la inacción puede tener consecuencias penales", según declaró en una entrevista a la cadena Ser.

De hecho, la unidad de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado ha escrito a 151 alcaldes españoles de zonas con alta incidencia de incendios forestales de seis comunidades autónomas para informarles de que hará un seguimiento de su actuación en esta materia y no descarta abrir una "investigación penal concreta" si estos no cuentan con un plan de prevención de incendios para estas áreas y vuelve a producirse un nuevo siniestro. El oficio se envió, en el caso de Galicia, a 63 concellos, de los que 29 pertenecen a la provincia de Pontevedra y otros 34 a la de A Coruña.

"No se oculta la posibilidad de que la ausencia de un plan de prevención de incendios pueda ser objeto de análisis desde el punto de vista causal en una investigación penal concreta, en la medida en que se pueda llegar a valorar como un factor coadyuvante en la producción, extensión y difusión de un incendio forestal concreto", se dice en el oficio de la Fiscalía General del Estado. Por ello, ante la gravedad de lo que supondría para los gobiernos locales una actuación de este tipo, la Fiscalía entiende que debía avisar por ello previamente a los municipios "a fin de fortalecer y hacer efectivas las actuaciones preventivas que traza la normativa de incendios forestales".