Nuevas acciones para reforzar las seguridad vial y rebajar la cifra de accidentes de tráfico. El fiscal del Tribunal Supremo y coordinador de Seguridad Vial en España, Bartolomé Vargas, desgranó ayer las iniciativas con que trabaja para limitar el uso del teléfono móvil al volante, práctica que según diversos estudios incrementa en más de un 20% el riesgos de sufrir un siniestro. Las distintas jefaturas de Tráfico de la Guardia Civil, así como las policías locales y autonómicas han recibido indicaciones para que, en caso de accidente, soliciten al juzgado la revisión de las llamadas telefónicas realizadas por el conductor para comprobar si la utilización del móvil guarda relación con el siniestro.

Con esta medida se pretende averiguar, según contó Vargas, si el conductor involucrado en un accidente, sea leve o grave, estaba hablando justo en ese momento por teléfono. No se trata de que los agentes comprueben el historial de llamadas en el mismo momento del siniestro, dado que eso sería ilegal, sino que en el atestado que levanten pidan ya al juez -si sospechan que el conductor iba distraído con el móvil-, que solicite a las respectivas compañías operadoras un informe en el que se detalle la hora y duración de las llamadas, medida para la que contarán con el respaldo de la Fiscalía.

En todo caso, este informe no sería determinante para eventuales sanciones, dado que el conductor podría ir hablando con el sistema manos libres y eso es legal.

El fiscal coordinador de Seguridad Vial también avanzó que estudia una reforma que regule el "vacío legal" existente en torno a la proliferación de aplicaciones de móvil que alertan a los conductores de controles de velocidad, alcohol y drogas en las carreteras.

Vargas comentó, en todo caso, que esta reforma "tiene que ser muy meditada" y que de momento ya ha remitido un oficio a todas las policías de tráfico para que le informen "exhaustivamente" sobre las aplicaciones existentes, fundamentalmente de móvil, que alertan a conductores de los puntos de controles policiales.

La Fiscalía pretende que las policías le informen de cuáles son las "app" y herramientas tecnológicas que siguen estas prácticas en sus territorios, su "modus operandi" y los daños o perturbaciones que ocasionan a los controles referidos y las fuentes de las que obtienen la información.

Con ella, la Fiscalía "estudiará" una posible reforma legal que podría incorporarse a la ley de Seguridad Ciudadana o a la ley de Tráfico, si bien no ha precisado si esta modificación supondría la prohibición de estas aplicaciones.

"En el control se salvan vidas, se salvan la vida del conductor, de los ocupantes y de terceras personas", enfatizó Vargas antes de reiterar que estos avisos están produciendo un perjuicio "grave" a la seguridad vial pues la estabilización de los datos de siniestralidad pueden estar relacionados con la ineficacia de estos controles.

El fiscal coordinador de Seguridad Vial lamentó que estos preavisos obliguen a los agentes a realizar controles muy cortos porque las aplicaciones enseguida "cazan" su presencia, sin olvidar que estas alertas pueden permitir también que delincuentes se sustraigan a la acción policial. "Hay un vacío legal y por eso el fiscal pide un informe exhaustivo sobre lo que está sucediendo", dijo Vargas, que ha dejado claro que una posible reforma legal debe cumplir con el equilibrio entre "la libertad y la seguridad vial".