Por séptimo año consecutivo el conjunto de las administraciones locales volverá a liquidar sus presupuestos con superávit: 6.292 millones de euros en toda España correspondiente al ejercicio de 2018, según los cálculos del Ministerio de Hacienda. En el caso de Galicia, las cifras provisionales situarían en unos 133 millones de euros la diferencia positiva entre ingresos y gastos, que sería la cantidad adicional con la que se encontrarán en caja los nuevos alcaldes que salgan de las elecciones municipales de mayo y que podrán gastar en las llamadas inversiones sostenibles.
La Ley de Estabilidad determina que el superávit de las administraciones tienen que destinarse a amortizar deuda, pero se contemplan excepciones. Dado que este año los presupuestos del Estado no prosperaron, el Gobierno tuvo que recurrir a un real decreto, aprobado el pasado mes de marzo en Consejo de Ministros, para regular estas excepciones y permitir un uso más amplio del saldo positivo para que se pueda dedicar a las inversiones financieramente sostenibles.Entre ellas figuran materias como educación, cultura, asistencia social, deporte, alcantarillado, protección del patrimonio, parques o vías públicas.
Ese real decreto establece también que el gasto aprobado este año se pueda terminar de ejecutar durante 2020, dando así un mayor margen de maniobra a los ayuntamientos y, también, a las diputaciones, que se rigen por el mismo modelo.
De momento, los 133 millones con cifras provisionales, dado que la cifra la tendrá que cerrar Hacienda y luego determinar qué concellos cumplen las condiciones para permitir la reinversión de este superávit, entre las que figuran tener su deuda controlada, cumplir el plazo legal de pago a proveedores y disponer de un remanente en caja equivalente a la inversión que ejecuten con cargo al superávit, sin tener en cuenta su ahorro, pues no lo permite la normativa europea. Por ejemplo, si un concello presenta 5 millones de superávit y quiere invertirlo todo, deberá cerrar el ercicio con ese remanente, además de mantener su equilibrio financiero.
El saldo postivo de 2018 ha sido un poco inferior registrado en 2017, tanto en Galicia como en el conjunto del Estado. En la comunidad gallega se pasó 150 millones a poco más de 130 -en 2016 la cantidad era de 165 millones-. Y en España sucedió lo mismo. Del superávit alcanzado en 2017, que fue de 7.139 millones de euros, se rebajó al ejercicio siguiente a 6.292, lo que supuso una reducción de casi el 12%. Pasó se representar al 0,61% del PIB al 0,52% en 2018. El Ministerio de Hacienda sostiene que esta evolución se debe a un crecimiento de los empleos no financieros del 2,2%, "motivado especialmente por el incremento de las inversiones financieramente sostenibles frente a los ingresos que crecen un 0,9%".
En 2012 el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para que la amortización de deuda fuese el objetivo prioritario del superávit de las administraciones central, autonómicas y municipales y atajar así el déficit público. Desde entonces, las administraciones locales han presentado números positivos. Dos años después de aquella norma, el Ejecutivo incorporó un mecanismo para que los ayuntamientos y diputaciones más saneados pudiesen destinar su excedente económico a lo que calificó como "inversiones financieramente sostenibles", que posteriormente se fueron ampliando antendiendo a las demandas de ayuntamientos y diputaciones.
Las restricciones iniciales provocaron que, por ejemplo, los concellos gallegos solo gastasen una sexta parte de su superávit en 2014, 2015 y 2016: 52,9 de 324 millones de euros.
