La Xunta ha identificado un nuevo frente de conflicto con el Gobierno central. El último es la decisión de Madrid de transferir al País Vasco la titularidad de la autopista AP-68 (Bilbao-Zaragoza) como contraprestación al apoyo de PNV y EH Bildu al PSOE para convalidar en las Cortes los últimos "decretos sociales" aprobados en Consejo de Ministros mientras rechaza el traspaso a Galicia de la AP-9. Ante este escenario, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, cargó ayer con dureza contra Pedro Sánchez por la "discriminación injustificable" en el trato que recibe la comunidad autónoma.

"El Gobierno actual habla muchísimo más con Otegi [dirigente de EH Bildu] que con la Xunta. Si hay un interlocutor prioritario con el Gobierno que se llama a Arnaldo Otegi frente a la Xunta, un gobierno democrático con 41 diputados que la dan la mayoría absoluta en el Parlamento, es evidente que Galicia no lo puede admitir", clamó tras el Consello el presidente, quien consideró que esta decisión demuestra "de nuevo" que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "actúa contra los intereses de Galicia", crítica que ya expuso cuando se presentaron los presupuestos estatales que rebajaban la inversión para la comunidad un 19% y cuando se limitó el uso de los fondos procedentes del superávit presupuestario.

Feijóo añadió como argumento sobre la discriminación que la AP-9 transcurre íntegramente por territorio gallego mientras que la AP-68 atraviesa tres comunidades. (País Vasco, La Rioja y Aragón). "Es una decisión de enorme calado desde el punto de vista de la red de carreteras del Estado", aseguró sobre la transferencia a Euskadi de la autopista. "Acredita una forma de gobernar absolutamente discriminatoria e irresponsable. El Gobierno de España es un gobierno para el que todos los españoles no somos iguales", añadió.

Junto con el traspaso de la AP-68, cuya negociación comenzará formalmente la próxima semana, el Gobierno concedió otras tres transferencias relativas a la jubilación ordinaria de los trabajadores afectados por un ERE, a la legislación sobre productos farmacéuticos y al seguro escolar.

Por el contrario, la demanda de Galicia por asumir la AP-9 cae en saco roto de forma reincidente. En esta legislatura, por primera vez, se acordó admitir a trámite en el Congreso la propuesta unánime del Parlamento gallego reclamando la transferencia. Fue en el último día del pasado mes de febrero, pero fue una votación simbólica porque a la semana siguiente se disolvían las Cortes por la convocatoria de elecciones generales, cerrando así el paso a la iniciativa gallega sin que realmente los distintos partidos llegaran siquiera a desvelar si apoyaban o rechazaban este traspaso. Lo que hicieron fue tan solo mostrarse dispuestos de debatir la propuesta. Nada más.

Además de ser una votación meramente simbólica, a este punto se llegó sabiendo que una semana antes el Ministerio de Fomento había respondido a la diputada Yolanda Díaz que el Gobierno no estaba dispuesto a culminar el traspaso. "Se considera oportuno mantener la AP-9 en la red de carreteras del Estado bajo la competencia de la Administración del Estado", se recoge en la contestación por escrito anotada el 18 de febrero en el registro del Congreso de los Diputados.

En todo caso, Gobierno y Xunta mantenían posturas muy alejadas sobre la concreción de esa transferencia, pues el Ejecutivo autonómico exigía la eliminación de la subida anual del 1% del peaje durante 20 años y fondos para cubrir sus gastos.

Réplica socialista

Ante la denuncia de Feijóo, el PSdeG-PSOE replicó que no existe tal discriminación y que el presidente utiliza los consellos de la Xunta para realizar propaganda electoral. El diputado Abel Losada sostiene que el traspaso se estaba debatiendo en el Congreso, pero que se paralizó por la convocatoria de elecciones y la disolución de las Cortes. "En todo caso, si tanta urgencia tenía, tuvo siete años con Mariano Rajoy para reclamar. Sorprende la ansiedad que muestra ahora", censura el parlamentario.

En cuanto a la vía utilizada con el País Vasco, por la fórmula de la negociación bilateral para negociar la transferencia de la AP-68, Abel Losada destaca que Galicia optó por la tramitación parlamentaria mediante una proposición de ley, pero que en todo caso la actitud beligerante de Feijóo con las administraciones que son de otro color político impide la vía de la colaboración. "Su estrategia de confrontación invalida la modalidad de la negociación bilateral", recrimina el diputado socialista.

Solicitada su valoración, el Ministerio de Fomento optó por guardar silencio.