Los ayuntamientos gallegos tienen 58,5 millones de euros en facturas pendientes de pago que aún no las han incorporado a la contabilidad presupuestaria. Están en el cajón a la espera de liquidez de las arcas municipales para poder afrontar los pagos y, mientras tanto, tampoco corre el plazo legal que obliga a las administraciones públicas a saldar las deudas con los proveedores en un máximo de 30 días. En total son 128 los ayuntamientos que incurren en esta práctica, si bien tres de ellos, Santiago, Lugo y Ourense, concentran más de un tercio del importe total al sumar 21 millones. De las ciudades, Vigo es la que mejor comportamiento presenta, al cerrar el año con solo un millón de euros pendiente de pago a sus proveedores.
Estas facturas están clasificadas en la llamada cuenta 413, un mecanismo legal que les permite alargar los plazos antes de pagar y de cuyo control se encarga el Ministerio de Hacienda para evitar un exceso de desviación presupuestaria. Se trata de compromisos de pago para los que no se ha dictado acto formal de reconocimiento y liquidación. Son facturas en el cajón que todavía no se han puesto sobre la mesa, lo que no significa que no se abonen, sino que se hará más tarde.
En el cierre de ejercicio 2015 esta deuda ascendía a 38 millones de euros, cantidad que bajó a 27,4 en el siguiente y subió hasta los 51,7 en 2017. El pasado año, según los datos recabados por el Ministerio de Hacienda, el importe de la cuenta 413 se incrementa un 4,4% y llega a los 58,5 millones de euros.
Son en total 128 los ayuntamientos que han notificado que dejaron facturas sin pagar, si bien los de menos de 5.000 habitantes no tienen la obligación de comunicar en el primer trimestre del año siguiente cómo han cerrado el ejercicio anterior.
Al frente de ellos se encuentran tres ciudades donde, además, los gobierno locales no disponen de mayoría absoluta que garantice la estabilidad de la gestión durante todo el mandato. El que acumula un mayor importe en facturas guardadas en el cajón es el de Santiago. Hacienda le atribuye 7,37 millones de euros por este concepto. Le sigue Lugo con 6,89 millones y en tercera posición figura Ourense con 6,8, según los datos, en este caso, difundidos por la Tesorería municipal.
Entre los tres concellos suman 21 millones de euros que presentan casi el 36% del montante de la cuenta 413 en Galicia.
En cuarto lugar aparece otro ayuntamiento donde rige un gobierno en minoría. Se trata del concello de O Porriño (Pontevedra), al que Hacienda contabiliza 4,71 millones de euros en facturas guardadas en el cajón. Y por detrás figura el municipio de A Coruña, con 4,43 millones de euros por el mismo concepto.
El mejor comportamiento entre las ciudades corresponde a Vigo, que ha cerrado el año presupuestario con solo un millón de euros correspondiente a la cuenta 413. A pesar de ser el concello con más población y presupuesto más alto de Galicia, hay once municipios que le superan en facturas guardadas en el cajón, alguno de ellos con solo varios miles vecinos.
Es el caso, por ejemplo de A Cañiza, que con poco más de 5.000 habitantes tiene 1,57 millones de euros en facturas sin reconocer formalmente. También superan a Vigo ayuntamientos como Noia (14.000 vecinos y 1,07 millones en la cuenta 413), Marín y Cambre, con 24.000 habitantes cada uno y facturas por importe de 1,2 y 1,43 millones de euros, respectivamente.
El Ministerio de Hacienda atribuye al municipio de Pontevedra algo más de 2 millones de euros por el mismo concepto y al de Ferrol 1,64 (otro dos concellos donde el gobierno local funciona en minoría).
Por provincias, el mayor importe corresponde a la de A Coruña, con 23 millones de euros y medio centenar de ayuntamientos que guardan facturas en el cajón a la espera de liquidez. En la de Pontevedra, el montante asciende a 15,7 millones de euros y son 34 los municipios que siguen esta práctica. En Lugo se rebasa por muy poco los 10 millones con 22 concellos afectados y en la de Ourense, también con 22 municipios, son 9,4 millones el importe de las facturas sin reconocer todavía.
Las diputaciones provinciales en el pasado también seguían esta vía para retrasar el pago a sus proveedores, pero cada vez es un recurso al que se acude menos. De hecho, las de Pontevedra, A Coruña y Ourense no desplazaron ninguna factura fuera del ejercicio presupuestario, siendo la de Lugo la única que lo hizo, por un importe de 3,1 millones de euros.
