El grito de protesta ayer en Madrid de las regiones más despobladas, para reclamar un trato equitativo respecto al conjunto del país, ha puesto en el primer plano de la actualidad el drama que, gota a gota, vecino a vecino perdido, desangra a buena parte de la España periférica. Aunque las circunstancias de las regiones demográficamente deficitarias son distintas, todas ellas sufren un problema añadido: los partidos políticos no son capaces de alcanzar un acuerdo sobre cómo atajar su realidad. Mientras las formaciones de izquierdas apuestan por la mejora de servicios para fijar población, el centro derecha fía el asentamiento en las zonas rurales a los incentivos fiscales. Algunos partidos, incluso, lanzan la idea de rescatar el "cheque-bebé".

Este no es un problema nuevo, pero el hecho de que las zonas rurales puedan ser determinantes para dirimir si las izquierdas o las derechas suman mayoría en las próximas elecciones generales y autonómicas ha puesto de manifiesto una cuestión que poco a poco ha ido calando en la agenda política no solo española, sino europea.

El caso gallego es uno de los más significativos de la despoblación. La comunidad suma ya 33 municipios con menos de mil habitantes, que concentran el 3,2% del censo y son el 10,5% de los 313 concellos, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, que sitúa al 40% de los ciudadanos de Galicia en las siete urbes.

Las perspectivas son desoladoras en el territorio gallego. Los datos apuntan a que perderá en los próximos quince años casi 139.000 habitantes y su población retrocederá a niveles de 1970, con poco más de 2,5 millones de personas. Será la mayor pérdida de población en cifras absolutas de España, mientras que los mayores de 65 años sumarán un 10% más debido al aumento de la esperanza de vida.

Soluciones

Ante este panorama, serán clave iniciativas como la alianza de las de las comunidades autónomas del Noroeste peninsular (Galicia, Castilla y León y Asturias) en defensa de cuestiones como las infraestructuras o demandas comunes para paliar la pérdida de población serán cada vez más importantes.

Las medidas que se lleven a cabo para tratar de frenar la caída demográfica están, en el fondo, íntimamente vinculadas a la financiación de los territorios y su reforma, un asunto que ha ido posponiéndose y que abrirá la caja de los truenos. La disputa entre las comunidades que más recaudan y más pujantes (proclives a una competencia fiscal con rebajas de impuestos para atraer aún más riqueza y que reclaman contar con más fondos al ser las que más recaudan), y las regiones con servicios más caros por el envejecimiento, la dispersión o la orografía (que demandan más fondos para que haya una equiparación de servicios en todo el país), constituirá una dicotomía que de fondo define el modelo territorial de España.

Por todo ello, miles de personas convocadas por "La Revuelta de la España Vaciada", en representación de 90 plataformas y 23 provincias., marcharon ayer por el centro de Madrid para reivindicar soluciones urgentes para que el medio rural "no agonice". La manifestación (50.000 personas, según los datos del Gobierno, y el doble a ojos de la organización) fue eminentemente ciudadana, como pretendían sus promotores.

La movilización arrancó con una tamborrada y concluyó con música del cantautor aragonés José Antonio Labordeta. El periodista Manuel Campo Vidal y la directora de RNE, Paloma Zuriaga, leyeron un manifiesto en el que urgieron un pacto de Estado "por la regeneración de la España vacía". "Si se pierde población, se pierden oportunidades y retrocedemos todos como país", recalcaron.