La Xunta revisará caso por caso las deudas fiscales para dar caza a los morosos
Contrata una aplicación informática para cruzar bases de datos y detectar impagos de tributos aplazados, fraccionados o recurridos

Acceso a la sede central de la Xunta, en el edificio de San Caetano, en Santiago. // Xoán Álvarez
Santiago
Los meandros burocráticos dificultan el cobro de millones de euros en deudas fiscales por parte de la Xunta. Aplazamientos, embargos que luego se levantan, sentencias judiciales, anulaciones de recursos que pasan por otros departamentos y no llegan a su destino? Para impedir que se pierdan fondos públicos en la cancelación de las obligaciones tributarias la administración autonómica revisará los desperdigados datos de cada expediente correspondiente a una deuda para cobrar hasta el último céntimo, incorporando también información remitida por las diferentes notarías de la comunidad. Y lo hará con una nueva herramienta informática.
La Consellería de Facenda ha contratado para esta tarea a la empresa Altia Consultores, a la que pagará 254.136 euros para desarrollar en un plazo de 18 meses "nuevas funcionalidades en el Sistema de Información Analítico Tributario" con las que seguir el rastro a deudas fraccionadas, dispersas en diferentes expedientes o sometidas a reclamaciones que encallan en la burocracia hasta perderse o ser detectadas cuando la obligación fiscal ha prescrito.
El propio departamento encargado de las cuentas autonómicas reconoce problemas para cobrar deudas a través de la Atriga en el pliego del contrato que ha adjudicado el pasado lunes y que expira el 24 de septiembre del año próximo, con el que pretende "integrar, centralizar y gestionar las distintas fuentes de información tributaria existente en un único punto". "Desde el reconocimiento de la deuda hasta su cancelación, el objeto tributario puede sufrir distintas transformaciones que originan una gran complejidad en su seguimiento: la deuda original puede dividirse, aplazarse o fraccionarse, agregarse con otras, incorporar otros elementos como intereses o apremio, suspenderse, recurrirse, anularse, etc", asume Facenda, cuya principal actividad recaudatoria afecta a los impuestos de sucesiones, patrimonio y actos jurídicos documentados, además de las sanciones.
Los sistemas actuales del Centro Informático para la Xestión Tributaria Económico-Financieira e Contable (Cixtec), dependiente de Facenda, incorporarán la nueva aplicación para detallar cada deuda detectada -origen, actuaciones realizadas, recorrido administrativo, anulaciones, compensaciones, devoluciones...- y permitir cruzar datos entre las distintas bases de datos, pues, por ejemplo, los procedimientos de recaudación tributaria ordinaria y sanción se tramitan de forma diferente.
Borrado anual
Una de las curiosidades afecta al Impuesto de Patrimonio, que la Xunta ha rebajado un 20% este año para situarlo en el mismo nivel de 2013, cuando aplicó esa subida. La gestión de ese tributo corre a cargo de la Agencia Tributaria Estatal, que envía los datos cada año a su homóloga gallega, que los guarda sobreescribiendo información del ejercicio anterior. "Están desarrollados los sistemas de carga y explotación de datos con la salvedad de que para cada período impositivo, ejercicio, sólo se dispone de la última información recibida: es decir, cuando se recibe la información de un año se sustituye la información existente por la nueva. Conviene modificar el proceso para integrar en el sistema de información toda la información recibida", especifica el pliego.
Además, Facenda aboga por "replantear" el programa informático estadístico empleado en el ámbito tributario para "conseguir un sistema más versátil y flexible para el tratamiento de la información".
Proyecto desierto
Este paso es uno más en la estrategia de Facenda por evitar fugas del fisco, aunque un intento similar el pasado año acabó en fiasco. Licitó un contrato por 533.316 euros para desarrollar otra aplicación informática para agrupar datos fiscales dispersos de los contribuyentes, como facturas, patrimonio o subvenciones recibidas para reducir los resquicios que permitiesen defraudar dinero al erario público o pagar menos impuestos de los debidos. Quedó desierto y Facenda aseguró que licitaría de nuevo el contrato.
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