La Administración revisó al alza los impuestos de 36.000 gallegos y recaudó 110 millones extra

El plan de control del fraude fiscal detectó el año pasado que las declaraciones de los impuestos autonómicos de 35.828 gallegos se habían quedado cortas y que les correspondía abonar 110 millones de euros más, que fue lo que recaudó la Axencia Tributaria de Galicia (Atriga) tras la revisión de las liquidaciones impositivas. El balance supuso un incremento tanto en contribuyentes afectados -9.517 ciudadanos más- como en cantidad -siete millones adicionales-.

Las revisiones al alza se concentraron en las autoliquidaciones de los impuestos de sucesiones y transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. En el primer caso se pasó de 7.754 afectados a 10.680 y la recaudación sumó 2,2 millones hasta alcanzar los 76,8. En el segundo, de 15.507 a 29.194 y de 24,3 millones a 31,4, respectivamente, según la Atriga.

Además, el fisco gallego impuso nueve millones de euros en multas por el impago de tributos. Un millón se repartió entre 2.000 gallegos a los que se detectaron infracciones. Otros 7,6 millones correspondieron a 571 castigos impuestos específicamente dentro del plan contra el fraude.

El balance del año pasado todavía no está cerrado, si bien los datos de ejecución presupuestaria indican que la Xunta recaudó 6.064 millones, 63,2 menos de las obligaciones reconocidas, debido a aplazamientos, suspensiones o recursos administrativos o judiciales.

Dudoso cobro

Por otro lado, el Ejecutivo reconoce el elevado riesgo de no poder ingresar 110 millones que le adeudan empresas y particulares y que considera "de dudoso cobro". Se trata principalmente de préstamos y avales: 56 corresponden a deudas con el Instituto Galego de Vivenda e Solo y Xestur y 53,2 al Instituto Galego de Promoción Económica.