Galicia podrá invertir en servicios sociales como sanidad y educación los 104 millones de euros de superávit (0,17%) con que cerró el año pasado, el primero en 16 ejercicios con saldo positivo. El Ministerio de Hacienda autorizó ayer a las cinco comunidades en números negros, entre ellas la gallega, y a los concellos a gastar ese balance positivo, siempre que se ajusten a las normas fiscales de regla de gasto, control de deuda y paguen a los proveedores de media en un mes o menos.

El Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto que los municipios ya esperaban para no solo replicar el aprobado en marzo del año pasado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy para poder invertir su superávit -en 2018 suma 6.292 millones-, sino para ampliar los apartados considerados "inversiones financieramente sostenibles".

Pero quien más había urgido esta decisión era Galicia. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, pidió por carta a finales de febrero a la ministra María Jesús Montero la autorización para invertir un superávit que cifraba en 125 millones "en materia sanitaria, educativa y de servicios sociales".

"Los ayuntamientos y comunidades que cumplan los objetivos de consolidación fiscal pueden destinar parte de su superávit a estas inversiones para servicios públicos en materia de seguridad, de protección civil, asistencia social primaria, sanidad, educación, entre otras medidas", resumió la ministra de Hacienda, cuyo departamento rebajó 21 millones el balance positivo de la Xunta.

El anuncio zanja una de las exigencias planteadas por Feijóo, además de permitir la inversión del superávit no solo este año, sino a lo largo del próximo, pero queda otra pendiente que afecta a los 170 millones que la Xunta reclama de incentivos por haber cumplido durante dos años todas las exigencias de disciplina fiscal. También están pendiente 195 millones de IVA retenidos por Hacienda.

Al poco de llegar al poder y con el fantasma del rescate de toda la economía española al acecho, el Gobierno del popular Mariano Rajoy aprobó la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que priorizaba el pago de la deuda. Pero en 2014 se permitió una excepción para las administraciones municipales que lograsen superávit y que se ajustasen al límite anual de déficit, cumpliesen la regla de gasto -invertir en función del crecimiento económico-, al máximo de período medio de pago a proveedores y cuya deuda no superase el tope permitido. En esos casos, podrían acometer inversiones "financieramente sostenibles", aquellas con una vida útil superior a un lustro y en campos como alcantarillado o eficiencia energética. El año pasado, el Gobierno amplió esos apartados y el actual Ejecutivo prometió hacer lo propio, incluyendo esa opción para las comunidades, si bien ayer no remitió el real decreto aprobado, como solicitó este diario.

La ministra, sin embargo, incluyó la "sanidad" como campo de inversión, siempre que no se trate de gasto corriente, en contra de lo expuesto el miércoles por el portavoz parlamentario del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga. "Solo es posible para inversiones sostenibles en el tiempo, de eficiencia energética o para combatir el cambio climático. Es una norma de Rajoy y no se puede usar para sanidad, educación y políticas sociales", le dijo a Feijóo. "¿Le parece sostenible hacer centros de salud, hacer un nuevo hospital en Ourense, el gran Montecelo en Pontevedra [...]? ¿No es sostenible? ¿No podemos invertir lo que es nuestro?", replicó el titular de la Xunta.