Las empresas de deportes de riesgo deberán tener una póliza de rescate

Las empresas o asociaciones que organizan prácticas deportivas de riesgo, como escalada, piragüismo, esquí o surf deberán contar con un seguro que cubra el coste de un posible rescate de quienes contraten sus servicios, opción que ya ofrecen algunas de ellas, a pesar de no ser obligatorio. Sin embargo, la Xunta quiere imponerlo por ley "para garantizar la seguridad" de los usuarios, para lo que también regulará la "obligatoria revisión de los equipos y materiales" y fijará un "protocolo de actuación en caso de accidentes".

Estos aspectos figuran en los objetivos que la Axencia Turismo de Galicia se ha fijado para elaborar un nuevo decreto de turismo activo, que actualice el de 2001 y lo adapte a la Lei do Turismo de Galicia de 2011. El lunes abrió el plazo de consultas para recibir aportaciones de la sociedad, que se cerrará el próximo 8 de abril.

Si un excursionista o surfista es rescatado por el cuerpo de salvamento de la administración deberá fijarse en el distintivo de este para saber si tendrá que pagar o no por esa operación. El equipo de Salvamento Marítimo dependiente del Gobierno central no pasa factura a los senderistas, por ejemplo, que necesitan ayuda para salir de un acantilado, pero el que posee la Xunta -como los helicópteros Pesca I y Pesca II- sí. De hecho, una peregrina alemana que en 2014 quedó atrapada en una zona rocosa del litoral de Fisterra recibió un minuta de 4.803 euros procedente de San Caetano. En el caso de las excursiones organizadas por una empresa o asociación deportiva, un seguro obligatorio cubrirá ese riesgo. En la actualidad, es obligatorio contar con una póliza de responsabilidad civil que cubra 390.000 euros por posibles daños, pero no abarca un posible rescate.

La Xunta no cobraba por estos dispositivos hasta 2012, cuando, en plena crisis, aprobó el decreto que fijaba "los precios públicos por los servicios de rescate prestados" por sus medios, alegando los "cuantiosos costes" de los mismos, que sumaban 6 millones de euros al año por los rescates aéreos y 5 por los realizados por medios marítimos. Aunque especificaba que pasaría la factura en casos de actividades de "riesgo o peligrosos", como buceo, piragüismo o remo, rescates en zonas "peligrosas" (barrancos, acantilados o rompientes), se pidiese auxilio "sin motivos objetivamente justificados" o se obviasen alertas meteorológicas.

La tarifa más cara es la supone movilizar un helicóptero, que supone 2.200 euros por hora, por 75 en el caso de un vehículo y 37 por cada personas. A finales de 2016, la Xunta acumulaba casi 100.000 euros en impagos de rescates por negligencias desde 2012.

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