Víctimas políticas sin juicio

El 20 de septiembre de 2012 los entonces alcaldes de Ourense, el socialista Francisco Rodríguez, y Boqueixón, el popular Adolfo Gacio, fueron detenidos en una operación contra la corrupción que supuso una detonación explosiva en la política gallega a un mes de las elecciones autonómicas. La operación Pokemon, dirigida por la jueza Pilar de Lara, truncó la carrera de más de una docena de políticos pese a no pasar de la fase de instrucción seis años y medio después, si bien algunos pudieron salir indemnes, como el entonces alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, posteriormente conselleiro y ahora diputado aspirante de nuevo al bastón de mando ferrolano. Fue exonerado tras atribuirle De Lara una conversación telefónica sobre corruptelas en la que no participaba.

El caso Pokemon enturbió el periplo político final de nombres como Xosé López Orozo e impidió el ascenso de otros como José Ramón Gómez Besteiro, que cayó sin poder ser cabeza de cartel del PSdeG en las autonómicas de 2016. De fondo, pesquisas sobre posibles sobornos a cambio de contratos públicos en Galicia, Asturias y Cataluña.

La némesis de De Lara es Orozco, desimputado en seis ocasiones sobre las pesquisas de una jueza que sospechaba que el regidor de Lugo (1999-2015) había cobrado dinero de la adjudicataria de la grúa. Le queda alguna imputación pendiente.

Eran tiempos de crisis y la imputación era una letra escarlata. Tres años después del estallido de la Pokemon se celebraron elecciones municipales y el BNG exigió al PSdeG la cabeza de Orozco a cambio de su apoyo. Así fue como Lara Méndez llegó a alcaldesa.

Lugo ofrece dos víctimas más de De Lara a la espera de juicio y ambas relacionadas con Orozco. Por un lado, Francisco Fernández Liñares, expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, que llegó a confesar el cobro de sobornos ante la jueza. Por otro, Gómez Besteiro, llamado a superar la crisis post-bipartita del PSdeG. Dimitió como secretario xeral y renunció a ser candidato tras la imputación en 2016 por la recalificación de unos terrenos durante su etapa como edil de urbanismo en 2005 en el concello dirigido por Orozco por los que habría recibido sobornos como la reforma gratuita de su casa. Luego lo imputó por posibles delitos en su etapa al frente de la diputación en la operación Pulpo.

Santiago fue otro de los concellos sacudidos por De Lara, que abrió hasta nueve piezas persiguiendo presuntos sobornos en una red centrada en las empresas Vendex y Aquagest. En 2011 el PP había logrado la Alcaldía, pero el polémico Gerardo Conde Roa la abandonó al ser imputado por fraude fiscal durante su etapa empresarial, por el que fue condenado a año y medio de cárcel. Pero la Pokemon intensificó la crisis del PP compostelano. Su sucesor, Ángel Currás, dimitió tras ser imputado, lo que también causó el adiós de los ediles Rebeca Domínguez, Albino Vázquez y Adrián Varela. La decisión del gobierno municipal de pagar con fondos públicos la defensa de este último le costó la inhabilitación a siete ediles del PP, absueltos posteriormente. El asesor de Conde Roa Ángel Espadas también se vio afectado por el caso.

En Ourense, la caída de Francisco Rodríguez abrió una crisis interna en el PSdeG que dejó en manos del PP la Alcaldía en 2015. Pero no fue el único salpicado. El entonces edil del Bloque Fernando Varela dimitió al ser también investigado por corrupción.

Otra víctima de De Lara en el BNG fue el exconselleiro de Industria en el bipartito, Fernando Blanco, aunque en este caso parcial. El nacionalista fue imputado por el caso Campeón, una red para captar subvenciones de forma fraudulenta dirigido por la jueza Estela San José y dimitió como diputado en 2011. Una pieza del caso llegó a De Lara, a la que su defensa acusó de demoras "injustificadas". En noviembre su caso fue archivado y Blanco criticó su pena de banquillo.

También abandonó el escenario público Julio Flores, mano derecha del alcalde de A Coruña por el PP, Carlos Negreira, entre 2011 y 2015, imputado por tratar de beneficiar a Vendex. De Lara imputó en esa ramificación al entonces edil socialista José Nogueira, que luego fue exonerado.

De Lara también colgó el cartel de imputados a otros tres miembros del PP: el que en 2013 era alcalde de O Carballiño, Argimiro Marnotes; el exportavoz popular en el Senado, José Manuel Barreiro, y la entonces edil en Santiago y diputada autonómica Paula Prado. Estos dos fueron exonerados por el Supremo y el TSXG, respectivamente, al ser aforados. Tras esa decisión, Prado volvió al Parlamento.