29 de marzo de 2019
29.03.2019

Un historial de disputas competenciales y archivos por falta de pruebas

29.03.2019 | 02:06

La jueza Pilar de Lara recibió el anunció de su próxima pérdida de destino tan solo dos días después de cerrar una de las macrocausas que recayeron en su juzgado hace ya diez años: la operación Carioca, la mayor investigación contra las mafias de la prostitución realizada en España y que se saldó con solo cinco cinco acusados.

Y de las nueve piezas de la Pokemon, que afecta a casi una veintena de ayuntamiento gallegos y salpicó también a comunidades autónomas como Asturias, Cantabria, Murcia o Cataluña, tan solo se ha cerrado la instrucción de una de ellas: la que afecta al exconcejal socialista y expresidente de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, Francisco Fernández Liñares, investigado por el cobro de comisiones ilegales y sobornos. El resto se han topado con disputas de competencias entre distintos juzgados, han acabado archivadas por la falta de pruebas o fueron frenadas por instancias judiciales superiores al no encontrar causas objetivas contra los imputados.

En la lista de causas sobreseídas por falta de pruebas están la del Acuario de A Coruña (por no existir indicios contra los cinco investigados), la relativa al exalcalde de Ourense Francisco Rodríguez en relación a presuntos delitos de prevaricación urbanística, otra que afectaba al exconcejal del PSOE en A Coruña José Nogueira, el intento de imputación del entonces portavoz del PP en el Senado José Manuel Barreiro, la investigación sobre supuesto fraude y tráfico de influencias de la diputada popular Pilar Prado en su etapa como concejal en Santiago o el caso de la errónea identificación del exconselleiro de Política Social José Manuel Rey Varela en unas conversaciones intervenidas por Aduanas.

En abril del año pasado, De Lara envió a la Audiencia Nacional una de las piezas principales de la Pokemon, la relacionada con las adjudicaciones del Grupo Vendex por toda España. La orden de traslado se hizo con dos años de retraso y más de seis años después de que comenzara la instrucción.

El pasado mes de septiembre, el Tribunal Supremo dio un varapalo judicial a Pilar de Lara en el caso Pokemon al devolverle la pieza de Aquagest que la juez pretendía derivar a la Audiencia Nacional. El Alto Tribunal desmontaba así la cuestión de competencia planteada por la magistrada y respaldaba el criterio de la Audiencia Nacional y de la Fiscalía de que continuase su instrucción en Lugo.

El Tribunal Supremo fue tajante en su dictamen: "No se trata de un procedimiento que ofrezca una complejidad relevante para atribuir la competencia al Juzgado Central de Instrucción nº 3". Son dos los motivos que expone el Supremo para dejar en manos de De Lara la pieza de Aquagest, una empresa que según la investigación se benefició en la concesión del servicio de gestión del agua, así como en la renovación y el mantenimiento de depuradoras a cambio de regalos o la contratación de personal recomendado por cargos públicos. Los hechos denunciados no han producido "perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia", sostuvo el Supremo.

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