El Parlamento de Galicia ha rechazado este martes con los votos en contra del PPdeG la toma en consideración de una proposición de ley presentada por el PSdeG para regular la actividad de los grupos de presión en Galicia de forma que se hiciesen públicos los contactos de la Administración autonómica con estos actores a la hora de elaborar leyes y decretos.

Pese a que los grupos de la oposición consideraban necesaria la implantación de esta norma a nivel autonómico, desde el PPdeG han recordado que la función de los grupos parlamentarios en O Hórreo es legislativa y no tienen la encomienda, por tanto, de "juzgar a unos y otros".

Sin embargo, para el diputado socialista Juan Díaz Villoslada "la negativa del PP es un cúmulo de excusas para no luchar contra la corrupción".

Entre las medidas propuestas por el grupo socialista destacaba la petición a la Xunta para que incorpore los requisitos exigidos por la Unión Europea y "haga públicos por ley todos los contactos que mantiene con esos actores a la hora de elaborar los anteproyectos de ley y los proyectos de decreto.

Sostienen que para ello debería incorporarse a la normativa la referencia a "la publicidad de los contactos que la Administración pública mantenga con los grupos de interés", y que se reflejen en "un informe que se publicará en el Portal de Transparencia de la Xunta, con el objetivo de asegurar que la influencia sea transparente y no desproporcionada" porque, en palabras de Villoslada, "evitar la opacidad es primordial".

La norma que quería poner en marcha el PSdeG también incluía un régimen sancionador con multas de 600 a 6.000 euros para las infracciones graves con el objetivo de evidenciar la "necesaria ejemplaridad pública".

Desde el BNG Olalla Rodil se ha sumado a esta petición que supondría "continuar la línea abierta en otros países" para acabar con la "obscena ligazón entre el poder económico y poder político" que en los últimos años "se puso en evidencia en las tramas de corrupción" descubiertas y judicializadas.

De igual forma la viceportavoz parlamentaria de En Marea Carmen Santos ha insistido en la necesidad de legislar para frenar a "muchos de los actores que tratan de influir" en la toma de decisión de los gobiernos y así poner fin a las "cloacas corruptas".

Es necesaria, a su juicio, una regularización de este tipo para que "todos conozcan de forma clara y directa quienes son los que tratan de influir" en ello porque "la sociedad gallega no puede seguir viviendo el oscurantismo".

Sin embargo, la diputada del PPdeG Paula Prado ha calificado el hecho de "sorprendente" dado que mientras los socialistas reclaman exigencias, resulta que ni siquiera emplean la página web del Parlamento para hacer pública su agenda.

Asimismo, la popular les ha recordado que "el mayor caso de corrupción de España fue el de los ERES de Andalucía", cuando se "gastaban el dinero de los parados en prostitutas y cocaína".

Además, Prado ha remarcado que mientras la Xunta ya cuenta con una "norma para altos cargos", en el consejo de ministros de Pedro Sánchez hubo personas "con sociedades instrumentales para evitar el pago de impuestos".

"Si vienen a regenerar la política regenérenla de verdad", ha zanjado al respecto