El Consello Económico e Social insta a abordar la reforma de las pensiones ya y desde el consenso

"Si no se diseñan y establecen cambios estructurales", está "en riesgo" la continuidad del sistema de pensiones, "uno de los pilares de la sociedad del bienestar". Así lo advirtió ayer la presidenta del Consello Económico e Social de Galicia, Corina Porro, quien defendió en la jornada "O futuro do sistema de pensións", organizada por el CES con el Idega, que, en un contexto que combina cambios demográficos y "un claro problema de desempleo", "una nueva reforma parece inaplazable" e instó a hacerla desde el consenso para que las decisiones "puedan durar".

"Lo deseable", apuntó Porro, es "retomar el espíritu" del Pacto de Toledo, y lamentó que las últimas negociaciones no llegaran a acuerdo tras dos años de debates y que los partidos no vuelvan a reunirse hasta la próxima legislatura. Recalcó que "hay que tomar decisiones" porque "el futuro incierto solo se soluciona tomando medidas". "Para acertar tendrá que escucharse sobre todo a expertos y agentes económicos y sociales, pero quienes las tienen que tomar son los políticos", a los que Porro instó a "aparcar" los "intereses partidistas".

"Ya no nos sirven las recetas y las cuentas que funcionaron en el pasado", alegó ante medio centenar de asistentes, entre ellos el expresidente de la Xunta Emilio Pérez Touriño. "Vivimos mucho más tiempo", alegó, y esta realidad, "unidad a la baja natalidad, hará que España tenga tasas de dependencia muy elevadas, con un claro proceso de envejecimiento que", advirtió, "pondrá en jaque el sistema si no somos capaces de adaptarlo a esa nueva realidad". "Ahora mismo, por cada jubilado hay 2,2 cotizantes en España", dijo, pero los expertos calculan que en 2050 serán "1,3". Se analizan escenarios y marcos reguladores para "mantener la eficiencia y la equidad", indicó.

Los expertos Ángel de la Fuente, director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada y Miguel Vázquez Taín, profesor titular de la Universidade de Santiago y presidente del Consello Galego de Economistas, coincidieron con Porro, igual que sindicatos y CEG, en la necesidad de no esperar.

"El sistema no está tomando las medidas que debería, hay que empezar", señaló Taín, mientras que De la Fuente aseguró: "Podemos ir haciendo las cosas con cierta calma, pero no excesiva. Hay que intentar ir arreglando el problema y empezar lo antes posible entre todos". De la Fuente, quien dijo tener la "impresión de que el Pacto de Toledo ya no funciona", destacó que la "única garantía real del estado del bienestar es una economía productiva y competitiva" y a corto plazo avisó de que suprimir la reforma del sistema de pensiones de 2013 sin un "plan B" sería "bastante imprudente". Para el experto, que admitió que "la salida de jóvenes" al extranjero "agrava el problema, la nueva reforma debería incluir "medidas de contención del gasto distribuidas entre los pensionistas actuales y futuros" e "incrementos de ingresos" provenientes no solo de los trabajadores activos, sino de "toda la sociedad".

Miguel Vázquez Taín apuntó las particularidades del caso gallego, "en gran medida condicionada por la base demográfica", y señaló que la comunidad "está anticipando lo que va a pasar en España en los próximos 15-20 años". Recordó que Galicia es penúltima en ratio de afiliados respecto a pensionistas y de los datos resaltó cómo el sistema revela una "solidaridad interterritorial", ya que en solo cuatro comunidades los ingresos superan los gastos. Cree que en la reforma del sistema "habrá que tocar muchos elementos y "racionalizar".

Antonio Neira, de la CEG, reclamó "un pacto de Estado" y apremió a tomar "de una vez" medidas. "Cuanto más tarde se produzcan, serán más drásticas e injustas", avisó. Luis Burgos, de la CIG, reclamó "regular" ya los trabajos del futuro y darle "un repaso" al sistema impositivo y cuestionó que el trabajo deba ser el elemento fundamental de garantía de las pensiones. Olga Crespo, de UGT, también cree que las pensiones no solo se tienen que financiar con lo cotizado y urge a un compromiso de los partidos para un "nuevo y actualizado pacto" que garantice el sistema público de pensiones. Maica Bouzas, de CC OO, ve al sistema "perfectamente sostenible" si se toman medidas. "Es una cuestión política", alegó, y no económica.