El sector inmobiliario señala, sin lugar a dudas, a la regulación de los pisos de uso turístico como el punto de inflexión que ha marcado en Galicia la subida de los precios del alquiler en los últimos años. Sobre un 10% de media para los nuevos contratos desde 2016. Se ha producido un trasvase a la vivienda de vacaciones, porque es más rentable, y se han reducido los inmuebles destinados al alquiler tradicional. Hay menos oferta -la mitad, según la Federación Gallega de Empresas Inmobiliarias (Fegein)- y por tanto suben los precios. Y una de las consecuencias es que en dos años se han duplicado las viviendas consideradas de renta elevada, aquellas cuya mensualidad superan los 600 euros. No obstante, el 62,6% de los alquileres de los nuevos contratos realizados está por debajo de los 400 euros, según los datos del Observatorio da Vivenda de Galicia.
Para el presidente de Fegein, Benito Iglesias, el incremento de los precios no es tanto producto de la recuperación económica como del decreto que regula los pisos turísticos. "La renta familiar es prácticamente la misma que en años anteriores, debido a que las pensiones no han variado, a los funcionarios se les ha recortado el sueldo, y los salarios de la empresa privada poco han cambiado", sostiene Iglesias.
Lo que cambió la situación, a juicio del sector inmobiliario, es la regulación de la vivienda vacacional, cuyos efectos se comenzaron nada más entrar en vigor, en la primera mitad de 2017, el decreto de la Xunta. Había 8.000 pisos dedicados al alquiler, pero la mitad se acabó orientando exclusivamente a la ocupación vacacional dada su alta rentabilidad. Antes del decreto, dice Iglesias, se compaginaban los dos alquileres, pero desde entonces son casi excluyentes. La razón es que al inscribirse en el registro de pisos turísticos se exigen unos requisitos mínimos de equipamiento y una inversión previa, pero conlleva una rentabilidad mucho mayor y un menor tiempo de uso de las instalaciones, por lo que al dueño no le compensa volver al alquiler tradicional.
Y al haber menos vivienda para esta modalidad, se encarecen los precios. "Los datos son incontestable. La administración no supo analizar el impacto de la vivienda vacacional, no se hizo nada para corregirlo y ahora notamos las consecuencias", advierte Benito Iglesias. Este problema del encarecimiento se da sobre todo en la vertiente atlántica de la comunidad, la más atractiva para el turista, pero también la más dinámica económica y socialmente y donde existe mayor demanda de piso para alquilar.
Una prueba de esto es el incremento de las viviendas de renta alta. En 2016, según los registros de la Xunta, se firmaron 1.000 contratos nuevos por más de 600 euros al mes, que representaban el 3,7% del total (26.611). Dos años después, en 2018, se contabilizaron 1.960, que suponen el 6,4% de los 30.600 que se declararon. "Debido a la renta per cápita existente, estos precios por encima de los 600 euros mensuales excluyen a un segmento muy elevado de la población", asegura Iglesias, si bien advierte que los registros de la Xunta se deben tomar como referencia relativa, dado que no todos se declaran ante el Instituto Galego da Vivenda e Solo.
Según los datos de Fegein, el alquiler en Galicia en mueve en un rango medio de entre 400 y 550 euros al mes, aunque la Xunta lo cifra en 403 euros.
Por encima de los 500 euros, en 2016 había 2.551 viviendas que presentaban el 9,5% del total, que dos años después, tras la regulación de los pisos de uso turístico, pasaron a casi 4.700 y suponían ya el 15,3% del total.
En ambos años, en todo caso, el segmento de precio más extendido es el que oscila entre los 300 y los 400 euros al mes, por encima del 36% de los contratos. Sumando todos los que están por debajo de este rango, resulta que el 62,6% de los nuevos alquileres firmados cada año se sitúan bajo el umbral de los 400 euros. Los datos sobre los dos primeros meses de 2019 todavía resultan insuficientes para predecir si la tendencia iniciada en 2017 se mantendrá o, por el contrario, irá más hacia un ciclo de estabilización.
