La oferta pública de empleo correspondiente a este año incluirá 2.653 puestos en la administración general, que incluye todos los servicios autonómicos salvo sanidad y educación. De esa cifra, 1.543 plazas serán de acceso libre, lo que supone 220 más de las anunciadas el pasado 28 de febrero. De la nueva cifra, casi la mitad de ella se concentrarán en tres categorías: auxiliar cuidados (323), limpiador-fregador (181) y camarero-limpiador (151).
El Ejecutivo autonómico propuso ayer a las organizaciones sindicales la OPE correspondiente a la administración general, en la que se incluyen 127 empleos para el cuerpo auxiliar, 112 para personal subalterno y 97 para oficial de segunda de cocina, además de facultativos en servicios sociales y demás categorías.
Para lograr uno de estos puestos, un aspirante solo necesitará cumplir los requisitos académicos exigidos en cada convocatoria y presentarse al examen. La adjudicación se realizará mediante el sistema de concurso-oposición, es decir, un examen general a cuya nota se añadirán otros méritos, que sumarán puntuación.
Esta oferta "sigue abriendo importantes oportunidades de empleo en la administración autonómica", según defendió ayer la Xunta mediante un comunicado, tras aprobar a finales del mes pasado la mayor OPE de la década: 5.833 plazas. De ellas, 1.323 correspondían a la sanidad, 2.064 a la educación y 2.446 a la administración general -de ellas, 1.388 de acceso libre-. Menos de un mes después, la propuesta del Ejecutivo sube esta última categoría a las 2.653 plazas, de las que 1.543 serán de acceso libre, lo que supone un aumento de 207 y 155 puestos de empleo, respectivamente.
A las plazas de acceso libre se suman 847 correspondientes al proceso de funcionarización pactado en el acuerdo de concertación del empleo público, firmado este año con los sindicatos CC.OO. y UGT.
Funcionarización
Este proceso permite a los trabajadores laborales fijos de la Xunta cambiar de categoría y adquirir la de adquirir la de funcionarios, lo que supone importantes diferencias. Los primeros se rigen por el Estatuto de los Trabajadores y está sujeto a convenio laboral, mientras los segundos lo hacen por el Estatuto de la Función Pública. Además, estos últimos están blindados ante un intento de despido por causas económicas, algo que permite aplicar desde 2012 a los primeros la reforma legal aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy.
Además, la Xunta ofrece 263 puestos para la promoción interna del personal funcionario -225 para administración general y 38 para la especial-. Las pruebas para estos ascensos también se desarrollarán a través del sistema de concurso-oposición, aunque con matices. "Obviamente son de carácter competitivo, si bien en el propio acuerdo de concertación del empleo público Xunta y sindicatos pactaron medidas que favorecen esta promoción", expuso la Xunta en su comunicado.
En el caso de la funcionarización, esas ventajas pasan por el empleo de textos legales durante los exámenes e incluso la Consellería de Facenda publicará todas las preguntas posibles del examen, como adelantó FARO el pasado día 13.
A diferencia de los otros casos, este proceso no es competitivo, sino que se ciñe al cambio de categoría laboralLa Xunta prevé ofrecer esta opción a 2.177 empleados en tres años, aunque en 2012 el presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, cifró en 6.000 las personas que podrían beneficiarse de esta medida.
