La asociación animalista Libera y la Fundación Franz Weber reclaman a la Xunta más fondos para abordar el problema del abandono de animales. Según denuncian, la Xunta ha dedicado en dos años únicamente 225.000 euros para los 313 ayuntamientos, una media de 718 euros por municipio.
Además la Ley de Benestar Animal, que entró en vigor, en enero del pasado año obligó a los ayuntamientos a un mayor desembolso de dinero.
La nueva regulación prohíbe el sacrificio de animales y obliga a los concellos a recoger a las mascotas abandonadas. Desde el principio los concellos se quejaron del sobrecoste que acarrea para los municipios cumplir la nueva normativa. Tres informes internos de la Federación Galega de Municipios e Provincias concluían que cada ayuntamiento gallego deberá desembolsar al año entre 50.000 y 200.000 euros para afrontar la factura que les acarreará cumplir la ley. Los alcaldes aseguraron estar "desbordados" por asumir unos gastos "sin ayuda económica" de la Xunta, lo que implica un desembolso de entre 3 y 5 veces mayor que el actual.
La Consellería de Medio Ambiente tiene una orden de ayudas destinadas a los concellos para atender a los animales abandonados. En la convocatoria del pasado año se ofrecieron 100.000 euros en subvenciones para esterilización quirúrgica y la implantación de chips.
Los animalistas consideran escasos los fondos y piden que se incrementen las partidas para ayudas a los concellos, puesto que muchos aseguran que no tienen capacidad de hacerse cargo de los animales abandonados.
Otra de las peticiones que hacen los animalistas es "el veto al uso de perros en cacerías, otro de los focos de abandono y maltrato y que también está lejos de resolverse por la falta de controles del Gobierno gallego", indican.
La última intervención de la Guardia Civil sobre una propiedad privada del término municipal de Rianxo, detectando 25 perros, casi una veintena de terneros y hasta un caballo en deplorables condiciones higiénico-sanitarias, rodeados de excrementos, y sin una atención veterinaria ni alimentaria conocida, evidencia la necesidad de poner sobre la mesa, en opinión de Libera, el Decreto regulador de la Ley de Bienestar Animal.
La actuación de los agentes de Seprona de Noia supone un caso más de maltrato animal, al que los activistas suman situaciones como el perro hallado con un lazo de caza en Pontevedra o casos de los últimos meses, con animales tiroteados o muertos a causa de una paliza, como sucedió en el municipio lucense de Cervo y donde no se ha logrado dar con el autor de este acto de auténtico sadismo.
Los animalistas recuerdan que la norma autonómica de 2017 ya obligaba a realizar una comunicación previa si una vivienda albergaba más de cinco canes, lo que no parece haberse cumplido en el suceso de Rianxo, y que evidencia además la necesidad de reforzar los servicios de inspección, con el objetivo de aplicar medidas disuasorias y preventivas antes de los descubrimientos que realizaron los efectivos de la Benemérita en esta localidad coruñesa.
