Chalés en zona de costa no edificable, casas unifamiliares levantadas sin licencia, naves construidas en suelo rústico, galpones convertidos en viviendas e incluso en un edificio residencial, caravanas o casas prefabricadas para los fines de semana que ocupan de manera ilegal un terreno, construcciones con licencia para 25 metros cuadrados pero que acaban en 100? Ya son casi 1.200 las obras ilegales reducidas a escombros por la Xunta desde que hace diez años los inspectores de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), organismo dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, peinan Galicia para poner freno a la política del "ti vai facendo" e instaurar el "ti faino ben". Y la recaudación en este periodo por saltarse la Lei do Solo ronda los 47 millones de euros.
La actividad de las piquetas y las excavadoras en suelo rústico y el litoral durante el año pasado batió récord, con un total de 210 demoliciones ejecutadas en la comunidad; una cifra que supone casi seis veces más que hace una década -entonces no se llegaban a las 40 anuales- y que por segundo año consecutivo supera la barrera de las 200 construcciones derribadas.
Pontevedra es la provincia de la comunidad con mayor urbanismo detectado fuera del amparo legal. De las 210 demoliciones ejecutadas en 2018, los concellos pontevedreses concentran 109 -el 52% del total-, seguidos de los coruñeses con 75 (casi el 36%). Y de lejos cierran la lista autonómica Lugo (16) y Ourense (10), según los datos facilitados por la Consellería de Medio Ambiente.
Uno de cada tres ayuntamientos gallegos fue escenario de la entrada de las palas de la APLU para convertir en solares decenas de parcelas en las que se levantaron construcciones ilegales. En 99 concellos fueron derribadas el año pasado viviendas, galpones, naves en zonas de costa o en suelo rústico: 43 de la provincia de A Coruña, 13 de Lugo, 9 de Ourense y 34 de Pontevedra.
En el mapa autonómico, la mayoría de los municipios en los que entró la piqueta el año pasado solo cuentan con un derribo: un total de 56 (26 coruñeses, 11 lucenses, ocho ourensanos y 11 pontevedreses). En la lista con dos demoliciones figuran 17 ayuntamientos, otros 14 con tres. Con cuatro, cinco y ocho derribos ejecutados el año pasado coinciden que hay tres ayuntamientos.
A la cabeza de construcciones reducidas a escombros el ejercicio pasado se coloca el ayuntamiento pontevedrés de Cangas, con 11 obras ilegales derribadas, seguido de Redondela (10). Con ocho demoliciones figuran Vigo, A Guarda y Pontevedra.
Cuando los inspectores de la APLU detectan una obra ilegal, al dueño se le abre un expediente de derribo y se le impone la correspondiente sanción. De hacer caso omiso a la orden de demolición una nueva notificación llegará a su buzón, lo que se denomina multa coercitiva. En ocasiones, ni el aviso del refuerzo de las inspecciones urbanísticas ni la amenaza de sanción surten efecto entre los propietarios que se aventuran a construir al margen de la Lei do Solo.
Durante la última década la APLU interpuso un total de 5.002 multas coercitivas por irregularidades urbanísticas, de ellas 538 el último año: 157 en A Coruña, 64 en Lugo, 28 en Ourense y 29 en Pontevedra. El ejercicio con más sanciones fue 2017, con 637.
Desde que se creó la APLU hace una década, la recaudación por hacerse un chalé a pie de playa, convertir un galpón en un fin de semana o levantar una vivienda o nave en suelo rústico o sin licencia ronda los 47 millones de euros, lo que supone una media de casi 13.000 euros en sanciones cada día en Galicia por irregularidades urbanísticas.
Las multas coercitivas impuestas el año pasado apenas supusieron 2,5 millones de euros, el volumen más bajo des los últimos diez años y casi a la par del importe del ejercicio anterior (2,57 millones). Estas cifras se quedan muy por debajo de las alcanzadas en 2011 (6,78) y 2009 (6,32).
Son cada vez más los propietarios que de manera voluntaria acometen el derribo de la obra declarada ilegal. Si hace unos años apenas llegaban al 80% en la actualidad ya son el 94%, según la memoria de la APLU de 2018. Uno de los motivos es la concienciación de los propietarios, que saben que tarde o temprano el lugar en el que edificaron se acabará convirtiendo en un solar. Pero también está el motivo económico. Y es que si el infractor acata la orden de derribo tiene una bonificación en la multa del 80%, pero si continúa el proceso se enfrentará a sucesivas sanciones hasta que finalmente la construcción sea tirada, bien por decisión del propietario o por las piquetas de la Xunta.
La mayoría de los expedientes de derribo abiertos el año pasado en Galicia fueron a raíz de la labor de los inspectores de la APLU (50%). Las denuncias de los concellos están detrás del 19% de las órdenes de demolición, seguidas de las interpuestas por los propios vecinos (15%). La intervención del Estado, a través de Costas, dio pie al inicio del 8% de los expedientes de reposición de la legalidad urbanística abiertos el año pasado. El 8% restante corresponde a denuncias de otras autoridades.
