El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, justificó ayer las facilidades que se van a dar en el examen para convertir en funcionario al personal laboral de la Administración autonómica. Aseguró que se debe interpretar como un incentivo para cambiar la relación contractual de 2.177 empleados públicos a los que va dirigido un concurso-oposición en el que se permitirá a los aspirantes acudir con los apuntes -"con los textos legales que se determinen en las bases de la convocatoria"- para realizar las pruebas, además de conocer con antelación todas las preguntas que pueden caer con sus respectivas respuestas correctas. "Tenemos que incentivar al personal para que se pasen del estatuto de trabajadores a la función pública", argumentó el titular del Gobierno gallego tras la celebración semanal del Consello.

Este modelo de examen lo acordó la Xunta con los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, mientras que CIG y CSIF no lo secundaron. La Unión Europea reprocha a España que tenga trabajadores con regímenes laborales diferentes haciendo el mismo trabajo en la Administración, y le pide que apueste por una sola fórmula. Al preferir a los funcionarios, la Xunta se ahorra dinero porque no tiene que pagar la cotización por desempleo, porque a los funcionarios no se les despide, opción que sí se contempla para el personal laboral.

Feijóo quiso destacar que no se trata de un proceso selectivo ni competitivo, por lo que no se perjudica a nadie, y que además va destinado a los trabajadores que ya tienen plaza fija en la Administración, por lo que tampoco se cierra el paso a ningún aspirante externo. "No se puede presentar gente que no tenga plaza fija como laboral y por tanto no hay nadie que resulte afectado", añadió.

"Comprendo que puede llamar la atención las facilidades dadas a este colectivo, pero tratamos de uniformar el régimen contractual y cuantas menos disfunciones haya, mejor", indicó Feijóo.

Sobre el sistema elegido, el sindicato STEG también se muestra disconforme, igual que CIG y CSIF. Para su secretario de Organización, Diego Pérez, "es un parche para arreglar una chapuza que se lleva años haciendo" y la prueba "dista de ser modélica".

El portavoz de STEG señala como mal de origen el hacer convivir dos tipos de relaciones contractuales, los laborales y los funcionarios, con pruebas de acceso distintas. Y que ahora, para uniformarlos, se apuesta por una solución para salir al paso. "No me parece bien", reprocha Diego Pérez, para quien el sistema ideal sería un acceso diferenciado al régimen de funcionariado, combinando una reserva de plazas para los trabajadores de la Xunta y otra libre.

El 40 por ciento de la nota se fijará en función de la antigüedad y de los procesos selectivos a los que ya hayan concurrido anteriormente y el 60 por ciento dependerá de un examen. Sin embargo, la dificultad de esta prueba será mínima, a la que se pueden apuntar voluntariamente 2.177 empleados públicos hasta el año 2020.