Anteproyecto de ley para reducir los desperdicios alimentarios
La Xunta negociará con el sector la obligación de dar las sobras en los grandes banquetes
Feijóo asegura que "hay que ajustar fino y valorar el alcance y contenido" de la norma en el caso de las celebraciones masivas - Se inicia un trámite de consultas con el sector

Feijóo, ayer, en la Xunta.//X. Álvarez
Santiago
La Xunta ha abierto consultas con el sector hostelero para abordar la nueva ley que obliga a los restaurantes a entregar a sus clientes la comida sobrante y que ha generado inquietud sobre todo entre los establecimientos que organizan grandes banquetes por las dificultades para llevar a cabo esta nueva exigencia. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, explicó ayer que la norma estaba prevista, en principio, para "menús normales". "En el caso de las celebraciones masivas hay que ajustar fino y hay que valorar su contenido y alcance", explicó ayer mostrando su disposición a escuchar las recomendaciones del sector de la restauración.
Esta semana se abrió el periodo de alegaciones a la nueva norma que tiene como objetivo reducir los desperdicios alimentarios y el consumo de plásticos. En todo caso, al margen de este cauce, la Xunta tiene la opción de iniciar un trámite específico de consultas con los implicados y así lo ha hecho. Se les ha remitido ya a las principales asociaciones de hosteleros el borrador de la nueva ley. Desde la Consellería de Medio Ambiente apuestan por un "diálogo abierto" con el sector.
La ley obliga a partir del próximo año a que los restaurantes ofrezcan a sus clientes la comida que no se hayan tomado y, si la aceptan, deberán entregársela en un táper, preferiblemente que no sea de un solo uso. No cumplir con esta norma podrá acarrearles multas de hasta 900 euros.
Los hosteleros, sin embargo, ven dificultades en la aplicación de la norma y un sobrecoste sobre todo cuando se trata de banquetes, en los que mueven gran cantidad de comida. Defienden que debe quedar claro que las sobras son los alimentos que se pusieron sobre la mesa y no se consumieron y se preguntan sobre quién garantiza las condiciones de salubridad de la comida una vez los clientes se la lleven fuera del restaurante. Por esta razón piden una regulación específica en el caso de los grandes banquetes.
El presidente de la Xunta dejó claro el "compromiso" del Gobierno gallego con la reducción de desechos y con el incremento del reciclaje. Y defendió el espíritu de la Lei de Residuos: "se concretan mecanismos para avanzar en la reducción de los plásticos y de los desperdicios alimentarios".
Feijóo explicó que cuando se trate de una boda como un banquete o una primera comunión, el restaurante no está obligado a entregar las sobras a cada uno de los comensales sino "a quien paga".
"Pienso que tenemos que valorar y ver las alegaciones siempre dentro del marco legal, que establece que los consumidores tienen derecho a llevar la ración que no consumieron", recalcó.
Y, en todo caso, reconoció que este principio se planteó pensando en "menús normales" de restaurantes, no en grandes banquetes y, de ahí, que ahora se avenga a ajustar la ley en lo referente a las celebraciones masivas.
"Seguro que los hosteleros van a hacer alegaciones inteligentes y cuando las alegaciones son inteligentes la respuesta tiene que ser inteligente", señaló Feijóo ayer tras el Consello de la Xunta, donde además se autorizó una nueva inversión de 11,5 millones de euros en Sogama para construir una nueva planta de depuración en el vertedero de Areosa.
Hasta ahora se depuraban los lixiviados -líquido sobrante tras el tratamiento de determinados residuos- en plantas móviles. Sin embargo, la mejor situación financiera de Sogama, que el pasado año dejó a cero su deuda, permite ahora afrontar esta nueva obra. El objetivo, según recordó ayer Feijóo, es reducir la fracción de basura que va al vertedero, es decir, aquella que no puede ser reciclada ni valorada energéticamente, a un 10 por ciento en 2020.
Por otro lado, la Xunta anunció ayer la puesta en marcha de un programa de modernización y apoyo a la digitalización del comercio, que estará dotado con 3,8 millones de euros y que movilizará 7 millones de euros en inversiones. De estas subvenciones se podrán beneficiar unos 600 comerciantes.
El Gobierno gallego emprenderá además por primera vez un plan de inspección del comercio digital para comprobar páginas web de venta y el grado de cumplimiento de la legalidad vigente en materia de comercio y consumo. Se realizarán en total unos 800 controles de la información y publicidad que se ofrece en internet y se recogerán muestras de un mínimo de 70 productos adquiridos a través de la red.
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