El abogado del Estado, en representación de Adif, ha rectificado su "error" en el que solicitaba cuatro años de cárcel para el maquinista del Alvia accidentado en 2013 en Angrois. Ahora solicita al juez corregir esa equivocación y demanda para el encausado "la pena de multa de nueve meses".

En su escrito de acusación, la Abogacía del Estado demandaba cuatro años de prisión para el conductor del tren que aquel día descarriló en la curva de A Grandeira, cuando lo hacía por un eventual delito de daños del artículo 267 del Código Penal.

Ahora, en un nuevo documento, reconoce que pedía "una elevada pena de prisión e inhabilitación, cuando el precepto señala una pena de multa de tres a nueve meses".

Por ese motivo, reclama al juez que le permita "subsanar el error padecido", que tilda de "evidente" y "material", y pide modificar la redacción de su conclusión para que quede de la siguiente forma: "Procede imponer al encausado la pena de multa de nueve meses, con responsabilidad personal subsidiaria, en caso de impago de la multa, de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias de multa no satisfecha".

Para el acto del juicio oral, la Abogacía del Estado ha pedido interrogar al conductor del tren y hasta 14 testificales, entre ellas las del interventor, el maquinista que condujo hasta Ourense y el gerente del área de seguridad en la zona noroeste de Adif.

También interesó la ratificación de los tres peritajes judiciales, el de la CIAF (comisión de investigación de accidentes ferroviarios), otros tres expertos designados por el administrador y uno por la operadora ferroviaria.

El abogado del Estado, con fecha del pasado 7 de enero, pedía cuatro años de prisión para el maquinista, la apertura de juicio oral y solicitaba también para Francisco Garzón inhabilitación especial para el ejercicio de profesión por un periodo de seis años. Ahora, Adif retira la petición de cárcel por una multa.

Estas demandas respondían a los hechos que en esos momentos veía constitutivos de un delito de daños por imprudencia grave. La Abogacía del Estado no formulaba acusación por los posibles delitos de homicidio y lesiones, según especificaba en el documento de siete folios.

No lo hacía "toda vez que Adif carece de legitimación para la persecución de este tipo de delitos" y ya que el Tribunal Constitucional "niega la posibilidad de que los órganos y organismos públicos ejerzan la acusación popular".

En su escrito de acusación, el abogado del Estado ve "responsable en concepto de autor" a Garzón y entiende que "no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal".

Además, pide que el encausado indemnice a Adif en casi 1,39 millones de euros, "a que ascienden los daños y desperfectos que sufrió la infraestructura ferroviaria".

Del pago de dicha cantidad es responsable civil subsidiaria Renfe, según señala. "Está directamente obligada al pago de dicha cantidad la compañía aseguradora QBE Insurance (Europa)", apunta.

En los hechos punibles, relata, en concreto, que el maquinista "no inició la frenada ni redujo la velocidad" y refiere los "100 segundos que duró la conversación telefónica", cuando "llevaba en cabina la documentación reglamentaria". El juez que instruye el caso dictó auto de cierre en diciembre con dos imputados: el maquinista y el exjefe de seguridad de Adif Andrés Cortabitarte.

La Comisión del Congreso, pendiente de las últimas conclusiones, queda para la próxima legislatura. La disolución de las Cámaras supuso, de forma inmediata, la extinción de todos los trabajos parlamentarios, incluidas las comisiones de investigación.