Medio centenar de concellos inició este año bajo la lupa de la Consellería de Facenda sobre sus balances económicos e incluso veintiuno de ellos han recibido por segunda vez la exigencia de información sobre los ajustes que aplican para cuadrar sus cifras y no exponerse a que el Ministerio de Hacienda entre en liza y los obligue recortar gastos o les impida recurrir a créditos, una intervención que se produciría a las puertas de las elecciones municipales del 26 de mayo. Entre estos municipios a los que la Xunta ha reclamado por segunda vez datos económicos figuran Caldas de Reis, Covelo, O Rosal, Agolada, Cangas, Oia y Salvaterra do Miño.
El control de las cuentas de las administraciones experimentó un cambio en 2012, cuando entró en vigor la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, una norma que impuso un rigor económico en plena crisis para contener el déficit público, que crecía sin parar, al igual que la deuda. De hecho, PP y PSOE pactaron una reforma exprés de la Constitución para blindar el pago de los intereses por los préstamos concedidos a la administración, medida con la que se buscaba ofrecer seguridad para lograr financiación privada y evitar un rescate global de la economía. Finalmente, solo el sistema financiero español fue rescatado.
Aquella norma fijó un mecanismo de control estricto para ajustarse al máximo de déficit anual, a pagar a los proveedores en un tiempo medio conforme a la ley -30 días- y alcanzar un equilibrio financiero so pena de intervención contable. La Consellería de Facenda ejerce su tarea de tutela de las cuentas municipales, pero es el Ministerio de Hacienda el que posee capacidad para retener fondos públicos, paralizar el pago de facturas o tomar las riendas de la economía de un municipio, una diputación e incluso una autonomía. De hecho, forzó a 42 concellos a recortar gastos durante el año pasado.
En el último trimestre del año pasado, con el 26-M ya en mente, 52 ayuntamientos gallegos y la Diputación de A Coruña se encontraban bajo el foco de Facenda, bien para recibir información ordinaria, bien para explicar cómo ajustar desequilibrios que pueden ser de muchos o pocos miles de euros en función del caso, bien para cumplir el período medio de pago a proveedores.
En ese último caso, la Xunta pidió la relación de medidas a aplicar a A Coruña y Vilanova de Arousa. Cumplir el período medio de pago a proveedores es uno de los requisitos exigidos para la reinversión del superávit municipal -además de ajustarse al déficit y deuda máximos autorizados y cumplir la regla de gasto-, aspecto que impidió a A Coruña gastar en proyectos 15 millones de euros.
Facenda pidió los planes económico-financieros para ajustar cuentas a quince concellos; entre ellos, Rodeiro y Salceda de Caselas, en Pontevedra; Ourense, Lobeira y Pontedeva, en Ourense; y Sarria y Triacastela, en Lugo. En este apartado, exigió esa información por segunda vez a Caldas de Reis, Covelo y O Rosal, en Pontevedra; Amoeiro, O Irixo, A Pobra de Trives y Verea, en Ourense; y Moeche, en A Coruña, según el balance elaborado por la Consellería de Facenda.
Además, pidió los acuerdos para vetar la solicitud de nuevos créditos a otros treinta a mayores, pues diez están presentes en la anterior relación. De Pontevedra figuran solo en esta lista Campo Lameiro, A Cañiza, Mos y O Porriño; de Ourense, Lobeira y San Xoán de Río; de Lugo, A Fonsagrada, Outeiro de Rei, Palas de Rei, O Valadouro y Vilalba; de A Coruña, Cabanas, Camariñas, Cariño, Fisterra, Porto do Son, Sada y San Sadurniño. Por segunda vez les reclama datos a los concellos pontevedreses de Agolada, Cangas Oia y Salvaterra do Miño, además de a Caldas, Covelo u O Rosal. De Ourense, constan Manzaneda, Quintela de Leirado y Vilar de Barrio, además cuatro concellos presentes en la lista anterior. De Lugo, Baralla, Castro de Rei, O Páramo y Portomarín; y de A Coruña, Santiso y Vedra, además de Moeche.
