Los partidos gallegos redujeron al mínimo el consenso sobre las medidas a impulsar para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres en la semana previa a la segunda huelga feminista del 8 de marzo. El Parlamento aprobó ayer dos iniciativas, pero solo logró unanimidad en la relativa a mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras de servicios en el hogar. PP y PSdeG apoyaron en solitario, con la abstención de En Marea y BNG, otra proposición en la que urgieron al Gobierno central la aprobación de las leyes de Igualdad Salarial y Conciliación y corresponsabilidad, a pesar de que esa medida depende de las Cortes, que se disolverán el martes.

El impacto de la huelga feminista del año pasado evidenció la necesidad de mayores medidas a favor de una igualdad inexistente y que provoca, por ejemplo, una brecha salarial en Galicia que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, situó en el 23%.

El PP, con mayoría absoluta, recibió el apoyo del PSdeG a una proposición no de ley en la que reclamaba al Gobierno central las citadas leyes para que "favorezca la compatibilidad del trabajo con la vida personal y familiar" este año, así como el cumplimiento integral del Pacto de Estado contra la violencia de género.

El anterior Ejecutivo del popular Mariano Rajoy ya prometió en 2016 y 2018 medidas para racionalizar horarios situando el fin de la jornada laboral a las seis de la tarde, pero no las concretó. En el Congreso, Unidos Podemos, PSOE y PP registraron propuestas legales para regular ese asunto, pero todavía se mantienen en tramitación. El grupo de Pablo Iglesias, que lanzó la medida en 2017, acusó a PP y Ciudadanos de ralentizar su discusión.

La proposición de ley del PP también insta a la Xunta a fomentar programas de conciliación y corresponsabilidad, "bancos de tiempo" entre vecinos y programas de inserción laboral para víctimas de violencia de género, y cumplir el Pacto de Estado contra esta lacra.

Frente a esas dos iniciativas que prosperaron, otras tres presentadas por la oposición fueron rechazadas por el PP. La primera fue defendida por el BNG, que pretendía sacar adelante una declaración de apoyo a la huelga del 8-M. Este punto suscitaba consenso, pero los populares rechazaron la parte en que el Bloque proponía "reprobar a la Xunta por haber actuado de forma incorrecta vulnerando el derecho fundamental de huelga ante el pasado 8 de marzo y demandar a la misma un cambio de actitud ante la próxima convocatoria y una rectificación de sus políticas por contribuir a la permanencia de la desigualdad".

La popular Paula Prado criticó a los nacionalistas por impedir, en su opinión, una declaración institucional unánime alternativa, en que su grupo pedía que la "defensa de la igualdad superase las diferencias partidistas" y establecía la "total adhesión" a los "objetivos" del 8-M y su apoyo a quien participe en los actos reivindicativos.

El PP también rechazó una propuesta del PSdeG para incluir la perspectiva de género en el Instituto de Medicina Forense y otra de En Marea para "eliminar la desigualdad en términos de salud entre hombres y mujeres". También se opuso a una medida del BNG para rechazar los vientres de alquiler.