27 de febrero de 2019
27.02.2019
Faro de Vigo

El Parlamento abre la vía para reclamar al Estado las competencias de tráfico

La demanda inicia su trámite al permitir el PP con su abstención que prosperase una proposición de ley del PSOE - Los populares sostienen que Galicia tiene otras prioridades

27.02.2019 | 01:37
Votación de la iniciativa para reclamar tráfico, ayer, en el pleno, con la abstención del PP. // Xoán Álvarez

El Parlamento gallego ha abierto la vía para reclamar al Gobierno central las competencias de tráfico. La iniciativa, presentada por los socialistas, ha prosperado porque el PP se abstuvo en la votación de ayer, mientras que la oposición en su conjunto respaldó el traspaso. Los populares -que tienen la llave de la Cámara para cualquier decisión dado que cuentan con mayoría absoluta- justificaron su abstención por "no obstaculizar" la tramitación de la transferencia, aunque consideran que existen otras prioridades para reforzar el autogobierno de la comunidad, como conseguir la titularidad de la autopista AP-9, aumentar la plantilla de la Policía Autonómica y obtener una dotación presupuestaria "justa" por parte del Estado.

Es la segunda vez que el Parlamento gallego aprueba una ley para la transferencia de las competencias de tráfico y seguridad viaria. En 2008, todos los grupos de la Cámara respaldaron una iniciativa similar que finalmente fue rechazada por el Congreso con el voto en contra del PSOE -que estaba en el Gobierno- y la abstención del PP. Lo aprobado ayer es solo el primer paso, dado que ahora la proposición de ley inicia su trámite en el Parlamento, debe ser ratificada una segunda vez y luego se remitirá al Congreso para su debate, que ya tendrá que ser en la próxima legislatura.

En todo caso, el proceso es muy largo, ya que la asunción de las competencias de tráfico va acompañada del desarrollo de un cuerpo policial específico para ejercer las nuevas funciones, tal como ya tienen Cataluña, País Vasco y Navarra. El fin sería mejorar la eficacia en la gestión pública de las carreteras, lo que redundaría en beneficio de los gallegos.

En la exposición de la iniciativa, el portavoz socialista, Xoaquín Fernández Leiceaga, reconoció el "déjà vu" que supone volver a llevar al Parlamento una demanda "bajo los mismos argumentos" expuestos hace una década, cuando el traspaso fue denegado en las Cortes, precisamente, por los votos del grupo mayoritario en 2010, el socialista.

Leiceaga, que en 2010 fue el encargado por parte del PSdeG de defender el texto de la ley en el Congreso, aseguró que la "incertidumbre" política a nivel estatal con la inminencia de las elecciones generales del próximo día 28 debe ser entendida como una oportunidad para impulsar la transferencia fracasada hace una década. "No sabemos a qué gobierno y a qué Congreso vamos a remitir esta iniciativa. Deberíamos tomar la decisión de enviarla, prescindir de posiciones tácticas y anteponer el interés de Galicia", indicó. "No se trata de una cuestión identitaria o ideológica; es una cuestión de racionalidad", añadió.

Por el PP, Martín Fernández Prado siguió el argumento popular de las últimas semanas, de que no renuncia al "techo competencial" para Galicia, pero que "prioriza" otras cuestiones que considera "fundamentales" para el autogobierno, como el traspaso de la AP-9, dotación presupuestaria suficiente y desarrollo de la Policía Autonómica.

"La clave para el autogobierno es no tener competencias por tenerlas, es ejercer las que tenemos y tener unos presupuestos adecuados", dijo. Además, sostuvo que el PSdeG pretende emplear la transferencia de competencias para que Galicia "sirva de coartada" para "negociar" con el Gobierno catalán.

Desde En Marea, Carmen Santos censuró las "contradicciones" de socialistas y populares, a los que recordó que sus posturas provocaron que esta transferencia acumule "once años de retraso". "Hay que ser claros en las posiciones y hacer lo que se dice, sin depender de si se está en el Gobierno en la oposición", dijo en tono de reproche.

El diputado del BNG Luis Bará también cargó contra las "sucursales en Galicia" de PP y PSOE, a los que acusa de "votar algo aquí y diferente en el Estado" porque "cambian los papeles según manden en Madrid".

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