Durante la madrugada del 13 de junio de hace dos años, la Policía Local de A Coruña acudió al barrio de Novo Mesoiro para intervenir en la pelea de un padre, que fue detenido, y su hijo, de 13 años. La madre justificó la actitud de su esposo alegando que trataba de defenderse del adolescente, al que aseguraban no poder controlar debido a un trastorno de personalidad que había provocado una relación violenta. Declararon que el joven los amenazaba, les robaba, les escupía y hasta los golpeaba. Ante esa situación límite, reclamaron a la Xunta que asumiese la custodia de su hijo hasta que encontrasen una solución. Los problemas mentales, la violencia, los problemas con las drogas, hospitalizaciones o estancias laborales lejos del hogar son los motivos que se encuentran detrás de las peticiones voluntarias de padres para que la administración cuide de sus hijos durante un tiempo. En estos momentos, los casos rozan el medio millar: 468.
Estos casos concretos, que aumentaron un 24% en un año, forman parte de los 2.993 menores que la dirección xeral de Familia, Infancia e Dinamización demográfica tiene actualmente a su cargo, lo que supone un incremento del 23%, aunque la responsable de este departamento, Amparo González, descarta atribuir a una causa esa tendencia estadística.
Situaciones límite y ausencia de otras alternativas en momentos concretos son la causa de que un padre o una madre llamen a los servicios sociales para pedir que sea la administración la que vele por su hijo durante un tiempo. "En el caso de las guardas voluntarias, que son a petición de los padres, las causas son enfermedades mentales bien de estos, bien de los propios niños, que provoquen una imposibilidad de cuidarlo ante episodios de problemas de personalidad o incluso de violencia; la ausencia temporal del progenitor o progenitores por, por ejemplo, motivos laborales sin que exista una familia cercana que pueda hacerse cargo de él; hospitalizaciones; penas de prisión; crisis económicas o convivencia problemática con la nueva pareja de alguno de los padres.
"Este tipo de guardas tienen que revisarse cada seis meses y la Xunta solo puede mantenerlas durante un máximo e dos años. A partir de ahí, los técnicos comprueban si el menor puede retornar a casa de sus padres o ejercemos la tutela porque es inviable", explica González.
Existen dos figuras mediante las cuales la administración se hace cargo de un menor. Por un lado, la citada guarda, que puede ser propuesta por los padres o ser iniciativa de la Xunta. Por otro, la tutela. La diferencia radica en que en el primer caso la patria potestad la mantienen los progenitores. En el segundo, la Xunta. González ilustra la diferencia. "Si tenemos la tutela del menor y este necesita una operación, nosotros somos los que decidimos y firmamos el consentimiento informado. En el caso de la guarda, nosotros velamos por su día a día, pero son los padres los que tienen que firmar el consentimiento informado", ejemplifica.
Cuando el departamento dependiente de Política Social asume bien una tutela, buen una guarda, trata de velar por la salud emocional del menor y por mantenerlo en su entorno. Las alternativas cuando deja el hogar familiar son dos: que viva en una residencia -vetado para menores de tres años- o acogido por una familia. En la actualidad, 1.392 se encuentran en la primera situación y 1.601 en la segunda. En este último caso, la administración trata de mantener al menor en su entorno enviándolo con abuelos, tíos u otros parientes, situación en la que se encuentran 1.315 menores. La otra vía es pasar una temporada con una familia ajena de acogida, como 286 menores en la actualidad.
"Se busca que no rompan con su entorno, salvo necesidad de alejarlo de él por alguna circunstancia excepcional. Siguen, por ejemplo, en su colegio", añade González.
