El abogado del Estado, en nombre de Adif, pide cuatro años de prisión para el maquinista que conducía el tren Alvia siniestrado en julio de 2013 en el barrio compostelano de Angrois, donde murieron 80 personas y 144 resultaron heridas.

En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado del Estado, con fecha del pasado 7 de enero, reclama apertura de juicio oral y solicita también para Francisco Garzón inhabilitación especial para el ejercicio de profesión por un periodo de seis años.

Estas demandas responden a los hechos que ve constitutivos de un delito de daños por imprudencia grave. Y es que Abogacía del Estado no formula acusación por los posibles delitos de homicidio y lesiones, según especifica en el documento, de siete folios.

No lo hace "toda vez que Adif carece de legitimación para la persecución de este tipo de delitos" y ya que el Tribunal Constitucional "niega la posibilidad de que los órganos y organismos públicos ejerzan la acusación popular".

En su escrito de acusación, el abogado del Estado ve "responsable en concepto de autor" a Garzón y entiende que "no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal".

Además, pide que el encausado indemnice a Adif en casi 1,39 millones de euros, "a que ascienden los daños y desperfectos que sufrió la infraestructura ferroviaria".

Del pago de dicha cantidad es responsable civil subsidiaria Renfe, según señala. "Está directamente obligada al pago de dicha cantidad la compañía aseguradora QBE Insurance (Europa)", apunta. En los hechos punibles, relata, en concreto, que el maquinista "no inició la frenada ni redujo la velocidad" y refiere los "100 segundos que duró la conversación telefónica", cuando "llevaba en cabina la documentación reglamentaria".

Para el acto del juicio oral, Abogacía del Estado pide interrogar al conductor del tren y hasta 14 testificales, entre ellas las del interventor, el maquinista que condujo hasta Ourense y el gerente del área de seguridad en la zona noroeste de Adif. También interesa la ratificación de los tres peritajes judiciales, el de la CIAF (comisión de investigación de accidentes ferroviarios), otros tres expertos designados por el administrador y uno por la operadora ferroviaria. El juez que instruye el caso dictó auto de cierre en diciembre con dos imputados: el maquinista y el exjefe de seguridad de Adif Andrés Cortabitarte.