La Xunta propondrá modificar a la baja el convenio suscrito con Audasa para financiar las obras de ampliación de la AP-9 y que supondrá para los usuarios un incremento acumulado al llegar a 2025 de más del 24 por ciento. La Consellería de Infraestruturas calcula que, tal y como está redactado el contrato, la concesionaria recibirá 1.400 millones de euros por unas obras que cuestan 230 millones de euros. "Es una compensación absolutamente injustificada", señaló la titular de este departamento, Ethel Vázquez.

Infraestruturas ha revisado los términos del convenio y propone rebajar esta cifra a 265,94 millones de euros a pagar en cinco años y que sea además el Gobierno, y no los usuarios con sus peajes, los que asuman este desembolso.

Esta cantidad sale de eliminar el incremento recogido en el convenio para que Audasa asuma la conservación de las nuevas obras. La Xunta alega que si son nuevas no necesitan mantenimiento. También proponen eliminar la bonificación del 25 por ciento en el impuesto de sociedades pactada por el entonces Gobierno socialista con la empresa. Y consideran que el 8 por ciento de intereses es "excesivo" y lo rebajan a casi la mitad.De esta manera la cuantía para financiar las obras de ampliación que debería aportar la Administración central se reduciría a 265,9 millones de euros, que proponen pagar en un plazo de cinco años con anualidades de 53,19 millones de euros.

La otra propuesta de la Xunta es que los usuarios de VIA-T, tanto turismos como tráfico pesado, tengan un descuento del 25 por ciento en la ida y otro 25 por ciento en la vuelta siempre que lo hagan en el mismo día. Hasta ahora solo se les rebajaba el 25 por ciento en el peaje de regreso. Esto costaría 12,9 millones de euros anuales hasta el final de la concesión de la autopista.

El plan de la Xunta llega, sin embargo, cuando se han convocado nuevas elecciones generales y se disuelven las Cortes, lo que obligará a esperar a que haya nuevo Gobierno para retomar las negociaciones para el traspaso de la AP-9 a Galicia. Éstas serán las condiciones que pondrá el Ejecutivo gallego.