Un año después de batir el récord con 406 denuncias, los casos de menores de edad cazados por la Policía Autonómica bebiendo alcohol se han reducido un tercio para situarse por debajo de la barrera de los 300 por primera vez en el último lustro, a pesar de que más de la mitad de los adolescentes reconoce haber consumido esta sustancia en el último año. Ese cuerpo policial abrió el expediente para imponer 278 sanciones durante el año pasado, si bien las multas pueden conmutarse por cursos o trabajos sociales, lo que evita a las familias pagar de 600 a 3.000 euros.
En 2010 Galicia reformó su legislación para elevar, a partir del año siguiente, la edad a la que se permite beber alcohol a los 18 años, dos más que entonces. El motivo para abordar esa modificación era el incremento de la ingesta de estas sustancias por parte de jóvenes que en muchos casos rondaban los 14 años, así como casi un millar de comas etílicos anuales de este colectivo.
Desde entonces, las cifras han ido creciendo en forma de sierra, de acuerdo con las estadísticas de la Policía Autonómica, a las que deberían sumarse las denuncias tramitadas por los agentes de las diferentes policías municipales para tener una radiografía total. El indicador de los agentes de la Unidad de la Policía Nacional Adscrita a la Xunta sumó 192 casos en 2011; 213 en 2012; 212 en 2013; 335 en 2014; 312 en 2015; 395 en 2016; 406 en 2017; y 278 el año pasado, según Vicepresidencia.
No solo los casos de menores cazados ingiriendo alcohol se redujeron el año pasado, sino también las denuncias a establecimientos que les vendieron esas bebidas, infracción que supone una multa de entre 600 y 3.000 euros si es la primera vez, pero que pueden alcanzar incluso los 600.000 si se reiteran durante cinco años. Los 210 expedientes del año pasado son el dato más bajo desde los 138 del primer año en que entró en vigor la Lei de Prevención do consumo de bebidas alcólicas en menores de idade.
Estas caídas en las denuncias se producen tras un año en que se realizaron un 10% menos de inspecciones tanto en locales como en zonas de botellón hasta las 5.885, y a pesar de que los expertos claman contra la necesidad de atajar una práctica que realizan más de 10.000 menores de 16 años de forma regular. Además, en 2017 unos 1.600 de entre 14 y 15 años participaron en algún botellón.
Los datos alarmantes no finalizan ahí. El 54,4% de jóvenes de entre 12 y 18 años reconoció en 2017 haber consumido alcohol durante el último año, porcentaje que descendía al 33% al confesar que se habían emborrachado, según la encuesta realizada por la Unidade de Psicoloxía Clínica do Consumidor e Usuario de la Universidade de Santiago y que formaba parte de un estudio liderado por el profesor Antonio Rial Boubeta.
Ante este contexto, la administración gallega se propuso en 2016 modificar de nuevo la conocida como "ley antibotellón", que había cambiado seis años antes. Sin embargo, paralizó sus trabajos ante la aprobación en abril pasado en las Cortes de un informe con propuestas que parecían iban a marcar un nuevo marco legal asumido por el Gobierno central. El Ejecutivo del popular Mariano Rajoy no abordó la reforma y en junio la moción de censura dio un giro de 180 grados al escenario político, cuya inestabilidad derivará en elecciones generales el 28 de abril.
Tras la moción, la Consellería de Sanidade reconoció que retomaba sus trabajos para impulsar una nueva legislación para frenar el consumo de alcohol por parte de los menores, "desnormalizando" su consumo, "alertando de sus riesgos" y dificultando el acceso a esta sustancia.
