Casi 14.000 gallegos están en lista de espera para que se valore su grado de discapacidad, un trámite obligatorio para obtener el certificado con el que pueden acceder a determinados servicios, cobrar una pensión o percibir beneficios fiscales, económicos, laborales o sociales. La propia Xunta llegó a admitir el retraso en la evaluación de estas personas y a pedir perdón a los afectados. La demora puede llegar a los tres años cuando el plazo máximo que fija la ley son tres meses. De ahí que el Gobierno gallego decidiera el pasado año reforzar la valoración de las discapacidades con la incorporación de catorce nuevos equipos para desatascar los expedientes pendientes, una medida que se sumó a un convenio con la Consellería de Sanidade para que los facultativos hicieran horas extra para agilizar los reconocimientos médicos. Esto ha permitido recortar la lista de espera un 29 por ciento en el último año.
Desde 2018 y hasta la actualidad se resolvieron 32.376 expedientes de discapacidad. Los catorce nuevos equipos creados asumieron un tercio de estas solicitudes. A pesar de ello, la cifra de gallegos que esperan por el certificado que acredite su grado de discapacidad todavía es abultado: 13.875.
El mayor atasco lo sufre la provincia de Pontevedra, donde se han denunciado esperas de hasta tres años. De ahí que diez de los catorce nuevos equipos puestos en marcha por Política Social el pasado año se activaran en esta provincial.
Entre las personas en lista de espera hay gente mayor, pero también jóvenes e incluso niños. Puede tratarse de una discapacidad física, intelectual, psíquica o sensorial, es decir cualquier persona que sufra una limitación o restricción que le impida trabajar o llevar una vida normal tiene derecho a acceder a las ventajas y beneficios que le ofrecen las administraciones públicas.
Sin embargo, para ello deben ser evaluados por los equipos de valoración de la Consellería de Política Social. Se debe presentar una solicitud, luego se le dará cita para un reconocimiento médico, se valorará su grado de discapacidad y finalmente se revuelve el expediente y se emite el certificado que acredita su situación. Para beneficiarse de las ayudas es fundamental que el grado de minusvalía sea superior al 33 por ciento. A mayor discapacidad, mayores serán los beneficios a los que tendrá derecho.
Este documento es fundamental, por ejemplo, para percibir una pensión no contributiva de invalidez o para cobrar una prestación por hijo a cargo con discapacidad. Además se incrementan las cuantías de las pensiones de viudedad, de orfandad y de la Renta de Integración Social (Risga).
Las personas con una invalidez reconocida tienen derecho también a un subsidio para cubrir sus gastos de transporte y a ocupar las plazas de estacionamiento reservadas para discapacitados.
En el caso de trabajadores que, por enfermedad o por un accidente de trabajo, sufran una limitación que les impida continuar en sus empleos se les facilita la jubilación anticipada.
Pero además se benefician de bonificaciones fiscales en el IRPF, en el impuesto de Sucesiones, en el de Patrimonio, en el de Transmisiones Patrimoniales e incluso en el IVA cuando se trate de comprar vehículos adaptados.
Tienen prioridad en casi todas las ayudas públicas y además hay plazas de empleo reservadas en las ofertas que saca la administración.
De ahí, que sea vital para estos 14.000 gallegos en espera que se agilicen los procedimientos. La propia Valedora do Pobo llegó a dar un tirón de orejas a la Xunta por los retrasos. Las demoras son más graves cuando afectan a personas de avanzada edad, que pueden fallecer sin haber recibido ninguna ayuda.
Hay casos como el de un pontevedrés de 83 años, del que se hizo eco este periódico, que se encontró con que al pedir el reconocimiento de la discapacidad en la delegación de la Xunta en Pontevedra le comunicaron que podría tardar "varios años, hasta tres".
No es el único caso y por esa razón, a instancias del alto comionado, la Xunta se comprometió finalmente el pasado año a tramitar por la vía de urgencia las solicitudes de gallegos de más de 90 años.
Los catorce equipos de valoración que se activaron el pasado año para desatascar los expedientes pendientes supusieron un incremento presupuestario de algo más de un millón de euros. Este dinero extra permitió la contratación de hasta 51 profesionales, que se sumaron a los 19 equipos que ya estaban en funcionamiento.
