El juzgado de lo Penal número 2 de Lugo ha absuelto este lunes al alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente Parga (PP), así como a cinco concejales que formaban la junta de Gobierno local en 2006 y a la entonces arquitecta municipal, del delito de prevaricación urbanística del que estaban acusados por la concesión, durante ese año, de 44 licencias para construir casi 3.500 viviendas.
Tal como ha señalado el juez en la sentencia, difundida por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), existen "ciertas dudas" sobre si la actuación de los sospechosos fue "totalmente legal o ajustada a la legislación vigente". El magistrado ha subrayado que no ha quedado acreditado que estuviese "desprovista de toda interpretación razonable del ordenamiento jurídico aplicable a la materia sobre edificación y planeamiento existentes en el Ayuntamiento de Barreiros".
La sentencia señala que la actuación de los imputados tenía "cierta apoyatura legal", ya que "cabía entender la posibilidad de encontrarse ante suelo consolidado" debido a la existencia de "redes de servicios y suministros en las parcelas, de modo que pudieran adquirir la condición de solares con obras accesorias".
Además, el juez sostiene que, de la prueba practicada, no se ha probado "con una claridad meridiana" que los acusados actuasen "a sabiendas de la injusticia que cometían a la hora de aprobar las licencias". Así, destaca que se encontraban ante "informes técnicos favorables en todos los casos y jurídicos favorables o confusos, salvo en un par de casos que eran claramente desfavorables, o sin informe jurídico".
La petición del fiscal
El Ministerio Fiscal pedía en sus conclusiones definitivas dos años de prisión y diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para cuatro de los acusados, incluido el alcalde, por un delito continuado de prevaricación urbanística.
Asimismo, para la arquitecta municipal, Fiscalía pidió dos años de cárcel y diez de inhabilitación como arquitecto para elaborar informes técnicos en cualquier administración. Además, requería seis meses de prisión y siete años de inhabilitación para cargo público para dos de los implicados.
En este sentido, la acusación particular, que representa al colectivo ecologista Adega, acusó de 45 delitos de prevaricación a Fuente Parga, a un concejal y a la arquitecta, por lo que pedía dos años de cárcel por cada delito.
Contra el fallo, que ha sido notificado este lunes, cabe presentar recurso ante la Audiencia Provincial.
Por su parte, el alcalde negó en el juicio, celebrado los días 5, 7, 8 y 14 de noviembre, haber cometido "ninguna irregularidad en ningún momento" con la concesión de las 44 licencias, algo de lo que culpó al informe "favorable" de la secretaría municipal.
