Quince concellos gallegos, de los cuales cinco son de Pontevedra y cinco de Ourense, se arriesgan a perder ayudas públicas si no retiran los símbolos franquistas que quedan en sus calles o edificios. El Gobierno español les ha enviado misivas recordándoles que están obligados por la Ley de Memoria Histórica, aprobada ya hace doce años, a eliminar "escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil de la represión de la dictadura".
Curiosamente, en el listado no aparece Beade, el municipio ourensano que a finales de enero saltaba a la palestra por la negativa de su regidor, Senén Pousa, del PP y ferviente admirador de Franco, a cambiarle el nombre a una calle, que se denomina la calle del Caudillo.
El Gobierno elaboró el listado estatal de los incumplidores en base a los datos del Instituto Nacional de Estadística, a los que sumó otros 19 municipios en los que según su propia información quedaban vestigios de exaltación.
Los concellos gallegos en el punto de mira del Ejecutivo de Pedro Sánchez son Tui, O Porriño, A Estrada, Agolada y Campo Lameiro, en la provincia de Pontevedra. En la de Ourense, son Beariz, Melón, O Carballiño, San Cristovo de Cea y Xunqueira de Ambía. Y en la provincia de Lugo, Lourenzá, Quiroga, Ribadeo y Sarria. Solo hay una ciudad en el listado de 15 consistorios y es A Coruña.
Galicia no es la comunidad con más vestigios franquistas pendientes de eliminación. El Gobierno español ha remitido cartas a 654 ayuntamientos instando a retirar los citados símbolos. Castilla y León con 259 munipios lidera la lista, y le sigue Castilla-La Mancha, con 125 ayuntamientos. En el extremo contrario, estaría Asturias con 4 municipios. La autonomía más diligente es Cantabria. Ningún ayuntamiento de esta comunidad ha sido advertido por la Dirección General de Memoria Histórica.
El Gobierno de Pedro Sánchez recuerda a los alcaldes su deber de cumplir la ley y les solicita que "recabe los vestigios franquistas que existen en cada municipio y los retire", "Son los ayuntamientos los que tienen que proporcionar el catálogo de vestigios que todavía quedan en su territorio", explican.
La Ley de Memoria Histórica, que fue impulsada bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, contempla excepciones a la retirada de símbolos franquistas: si son "de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por ley".
