El Ayuntamiento de Santiago ha defendido que las estatuas de Abraham e Isaac del Pórtico de la Gloria de la Catedral, que están en manos de la familia Franco, tendrían que ser devueltas a patrimonio municipal porque ya habrían sido adquiridas por el Consistorio en el año 1948 y ha negado la posibilidad de que la reclamación haya "prescrito", como argumentan sus actuales propietarios. Los herederos, en cambio, han defendido que adquirieron las piezas a "un anticuario", aunque no disponen de los documentos correspondientes.
Así se ha expuesto en el juicio, que ha quedado visto para sentencia, celebrado este viernes en el Juzgado de Primera Instancia número 41 de Madrid, al que ha acudido a declarar el alcalde de Santiago, Martiño Noriega.
A la salida del Juzgado, Noriega ha defendido que ha quedado "demostrada la titularidad de dos piezas del patrimonio histórico-artístico, que son del Ayuntamiento y tienen que estar en el Ayuntamiento". Las estatuas del Mestre Mateo pertenecieron a la fachada situada ante el Pórtico de la Gloria de la Catedral y habían sido retiradas durante las obras del siglo XVI.
Tras un "trabajo documental intenso" y una "exposición jurídica impecable", el regidor ha remarcado que ha "quedado demostrado que no hay prescripción" y que las piezas son patrimonio histórico-artístico conforme "al marco legal procedente de la República", "incluso de una disposición anterior de Primo de Rivera" y que deben volver a "su legítimo propietario".
En caso de que "la justicia haga justicia" y dé la razón al Ayuntamiento, Martiño Noriega ha apuntado al hecho de que se generaría "un precedente" sobre el "expolio del patrimonio de todos a lo largo de una dictadura y en beneficio de la familia de un dictador".
Contrato de compraventa
En su defensa, el Ayuntamiento ha argumentado que la administración local adquirió las estatuas --las de Abraham e Isaac, así como una tercera pieza-- por un contrato de compraventa otorgado por el entonces alcalde Joaquín Sarmiento Garra al propietario, Santiago Puga Sarmiento, el conde de Ximonde y que se formalizó en escritura pública el 4 de junio de 1948.
El expediente se había iniciado por un acuerdo plenario en junio de 1947 y en el pleno de abril de 1948, por unanimidad, se decidió que las esculturas tuvieran por "destino una plaza, un paseo o algún otro lugar estratégico de la ciudad".
A mayores, Xoaquín Monteagudo, responsable de la defensa jurídica de la administración local, ha señalado este viernes que "la argumentación fundamental" de la familia Franco es la "prescripción" pero que el Ayuntamiento entiende que "en este caso singular en bienes tan relevantes no hay prescripción posible".
Para Martiño Noriega, los argumentos de la "prescripción" y el "paso del tiempo" de los herederos de Franco tan solo "amparan los privilegios de una familia que se benefició de un contexto de dictadura" y "tienen ese grado de indecencia y de poca consistencia". En todo caso, ha mostrado su confianza en que "ese pacto de silencio con la familia Franco se acabe y las piezas puedan volver al Ayuntamiento".
Ante el argumento inicial de que los Franco habrían adquirido las estatuas en un anticuario durante la dictadura, Noriega ha explicado que no lo han acreditado durante el juicio y ha valorado que "proyectar a un dictador como un particular y no demostrar nada es no entender el contexto vivido durante décadas con una dictadura".
La versión de la familia Franco
Pero la defensa de la familia Franco ha puesto en cuestión los argumentos del Ayuntamiento y ha remarcado que las estatuas "fueron adquiridas a un anticuario", poniendo en duda que el Ayuntamiento llegase a poseer las estatuas, puesto que "no hay documentación" que acredite que realizó el pago ni imágenes que muestren las estatuas en el Consistorio.
En declaraciones a Europa Press, el abogado Juan José Aizcorbe ha explicado que "no consta" ni el primer ni el segundo pago que se señalaba que se tendría que realizar, "ni la salida del pago" ni tampoco el "tercer requisito" de que se recibiesen las estatuas y se mostrasen en el Consistorio.
De hecho, ha explicado que en "los informes minuciosos" del Ayuntamiento "no existe ni ha sido probado el pago ni que las estatuas estuviesen en la escalinata principal del Consistorio". "Ni una foto, ni un testimonio, existen fotos del año 1933 en un Pazo pero resulta que unas estatuas con alto valor artístico no aparece en ninguna fotografía, ni en archivo del Ayuntamiento, ni periódico, ni revista ni nada", ha incidido.
Por este motivo, sostiene que "esas estatuas nunca estuvieron en el Ayuntamiento de Santiago". Es más, insiste en que la familia Franco compró las estatuas "a un anticuario" y critica que "les pida que aporten una factura o un recibí de hace 70 años a un particular". "No lo tenemos, pero el Ayuntamiento que sí está obligado a acreditar la compra-venta no lo tiene, ni recepción ni los pagos", ha remarcado.
La defensa de la familia Franco pone además en duda lo que define como "una historia inédita y absolutamente increíble del Ayuntamiento de que la administración le enviase a la esposa de Francisco Franco las estatuas como si fuera una caja de bombones, cuando el alcalde podría instrumentar una donación".
"El informe forense del Ayuntamiento señala que son moles de granito que hay que llevar con grúas y no se conoce a nadie que haya visto las grúas llevándose las estatuas", ha puntualizado.
Por otra parte, ha recordado que la "posesión de las estatuas" se ha prolongado durante más de "70 años", por lo que se han producido "todas las prescripciones", tanto si es "bien de comercio" --así lo considera puesto que el propio Ayuntamiento las habría intentado comprar-- o "dominio público, que nunca ha sido". Por ello, esgrime la "desafectación tácita por el transcurso del tiempo".
"Visto por donde se vea hay un título justo por usucapión y por prescripción", ha concluido.
Arte románico
En su demanda, el Ayuntamiento de Santiago incluía el informe pericial de Yzquierdo Perrín, que recoge que en la exposición 'El Arte Románico' de 1961, en el catálogo fotográfico, se observa el cartel de 'Propiedad de Su Excelencia el Jefe del Estado'. El perito precisa que "parece que entre 1948 y 1961, en momento y por razón imprecisa", "las dos figuras adquiridas por el Ayuntamiento de Santiago" "pasaron al entonces Jefe del Estado".
La hipótesis municipal se basa en que en la visita a Santiago de Francisco Franco y su mujer en 1954, el entonces alcalde, "movido por el deseo de complacer o ganar el favor del Jefe de Estado y su esposa, sin adoptar ningún tipo de acuerdo, acto jurídico ni formalidad legal", les hiciera llegar las dos estatuas.
Precedente
Martiño Noriega ha valorado que si las estatuas del Mestre Mateo volviesen a manos de la administración pública sentaría "precedente". Y es que en Galicia, el patrimonio de los nietos de Franco está en entredicho por el Pazo de Meirás (Sada), que llegó a manos del dictador en el año 1938 tras una cuestación popular encargada por la Diputación de A Coruña.
El Parlamento gallego ya aprobó en julio del pasado año un acuerdo unánime por el que se insta al Estado a emprender acciones judiciales para recuperar la titularidad pública del Pazo, histórica residencia de Emilia Pardo Bazán.
Los Franco también siguen ostentando la titularidad de la Casa Cornide, un palacete del siglo XVIII situado en el casco histórico de la ciudad de A Coruña, que regaló el banquero Pedro Barrié de la Maza a la mujer de Franco, Carmen Polo, después de adquirirlo en subasta pública en el año 1962.
