La Consellería de Educación no ve necesario regular en Galicia la revisión de exámenes por parte de los padres. No existe en la comunidad una normativa específica que regule este asunto y tampoco es un tema que esté sobre la mesa. La cuestión es que la decisión de la Comunidad Valenciana de que los centros educativos de Primaria y Secundaria estén obligados a partir de ahora a entregar copia de los exámenes corregidos de los alumnos a las familias que lo soliciten ha abierto el debate y son muchos los profesores y padres que se han puesto a opinar sobre este tema en las redes.

La regulación del derecho de las familias a revisar los exámenes corregidos de los hijos es un tema que se debate en varias autonomías desde 2015. No solo en Valencia, también en Extremadura, Navarra o Madrid, con peticiones por parte del Defensor del Pueblo y, normalmente, con sentencias favorables de casos concretos de padres que pedían acceso a copias de exámenes.

En Galicia este debate pilla por sorpresa tanto a la comunidad educativa como a la propia Administración. "Con carácter general, no se constatan problemas, ya que la comunicación entre centros educativos y familias se desarrolla en un contexto de normalidad", explican desde el departamento educativo de la Xunta. De hecho, no se plantean, a día de hoy, ninguna orden para regular este asunto. ¿Cómo se suele proceder cuando un padre o una madre quiere ver el examen de un estudiante? Normalmente se pide una tutoría y el maestro o profesor revisa con el portavoz familiar que acuda el examen del alumno. Con buena voluntad por parte de ambos, "no debería haber ningún problema", según explican docentes consultados.

Preguntados profesores y padres en Galicia sobre este tema, las opiniones son muy distintas. Hay padres que opinan que con una revisión en el despacho es suficiente para ver los fallos del alumno y si existen dudas sobre la nota hablarlo directamente con el docente. En la Federación Olívica de Asociacións de Pais e Nais de Alumnos (Foampas), por ejemplo, creen que la entrega de exámenes corregidos a los padres "incrementaría la transparencia y la participación de las familias en la educación de los hijos, siempre desde el respeto y la confianza mutua, claro". "Lo hemos hablado y nos parece que ayudaría a la interpretación y a la reflexión por parte de las familias, que han de saber gestionar dicha información. Pero en principio creemos que sería una muestra de confianza mutua", cuenta la portavoz de Foanpas, Bertila Fernández.

Desde el sindicato de profesores Anpe lo ven excesivo. "Creemos que existe un procedimiento de revisión adecuado ante una calificación de un examen teniendo en cuenta, además, que la evaluación es continua y nos parece excesivo que haya que entregar copia a quien lo pida", comenta Julio Díaz. Y añade: "¿Son los padres especialistas para revisar los exámenes o van a acudir con esa copia a algún especialista para que les dé una opinión fuera del centro?". Según Díaz, este "buenismo de querer agradar a todo el mundo" no hace sino "limitar la autoridad del profesor e incluso ir contra la libertad de cátedra", expresa. Algunos profesores, a título individual, escribieron en las redes sociales que no les importaría entregar copias de los exámenes. Otros se indignaron con este tema.

Bertila Fernández - Foanpas

Bertila Fernández - Foanpas

"Se podrían utilizar las tecnologías para el envío de pruebas"

Desde Foanpas no ven mal que los padres revisen los exámenes. Lo interpretan desde la participación y hablan también de convivencia y conciliación. "Y entendiendo el examen como parte de la evaluación, que engloba más cosas. Creo que se podrían utilizar las tecnologías para enviar las pruebas", añade.

ulio Díaz -Sindicato Anpe

Julio Díaz -Sindicato Anpe

"¿Y qué pasa si piden copia de las pruebas en selectividad?"

"¿Qué ocurriría si se cuestionan las pruebas de selectividad?". Díaz cree que el debate surge como consecuencia de la nueva ley de procedimiento administrativo. "Como funcionarios docentes tendremos que acatarlo pero nuestra opinión profesional es que es una medida desproporcionada", apunta.