La primera subasta de propiedades empresariales embargadas o compradas para compensar las deudas impagadas al Instituto de Promoción Económica (Igape) ha fracasado. Ningún particular o empresa ha pujado por las cinco naves industriales y una oficina valorados en un total de 7,5 millones de euros, proceso con el que la administración autonómica aspiraba a paliar el agujero de 36 millones que habían dejado en sus cuentas el impago de préstamos y avales de cuatro empresas. Fallida esta vía, buscará la venta directa de las propiedades, que permite obviar la fianza imprescindible para una subasta y reduce la carga burocrática.
El pasado 25 de octubre, el Diario Oficial de Galicia (DOG) publicó el inicio del proceso de subasta de propiedades de cuatro empresas que no habían pagado sus deudas con el Igape, arrasadas por la crisis económica. Se trataba de Alfageme, Pumade, Anbla y Construcións Mon, que acumulaban unas obligaciones impagadas con el citado instituto público de 36 millones de euros, según la documentación del Igape y los informes del Consello de Contas. De ellos, 32,2 correspondían al primer grupo empresarial, nacido en el siglo XIX y que se situó a la vanguardia del sector conservero hasta que en 2010 inició su caída. Acabó desintegrada por sus deudas.
Esa no fue la primera ocasión en que el Igape decidió ejecutar embargos por impagos, pero hasta entonces nunca había sacado a subasta los bienes aprehendidos para cubrir sus pérdidas. Ante la falta de experiencia y que se trataba de un proceso ajeno a sus competencias, encargó la operación a la sociedad pública que gestiona el suelo industrial (Xestur), como reveló en marzo del año pasado FARO.
Esa sociedad ofreció al mejor postor dos naves industriales de Alfageme en Vilaxoán y Ribadumia que sumaban 5.000 metros cuadrados y estaban valoradas en 2,6 millones y 807.000 euros, respectivamente. Estas habían sido compradas por la Xunta en subasta judicial para tratar de recuperar con su venta el dinero perdido en Alfageme. En 2012 hubo interés en ellas, pero las ofertas incumplieron las bases del concurso para adquirirlas. Su abandono y falta de vigilancia desde entonces provocó que varios ladrones sustrajesen maquinaria de su interior. A finales de 2013 se tapiaron los accesos.
En el caso de Pumade se trataba de un almacén industrial en Lalín valorado en 2,4 millones, 600.000 euros menos de lo que adeuda al Igape. Esta empresa se dedicaba a la fabricación de puertas y entró en concurso de acreedores en 2013, pero fue adquirida por Aliusporta dos años después y recuperó su actividad. Cerró 2017 con una facturación de casi siete millones.
Construcións Mon también cerró en 2014 al no poder superar la crisis, pese a reducir sus deudas de 66 a 17,7 millones en los peores años de la recesión. En los balances del Igape consta medio millón de euros de deuda, por lo que salieron a subasta una nave en Lugo (464.000 euros) y un bajo comercial en A Coruña (416.000).
La cuarta firma afectada es Anbla, extinguida en 2013 con una deuda de 562.859 euros con el Igape, según la documentación de este, que subastó la nave de Lugo que le embargó con una tasación de 723.000 euros.
También estaba afectada en este proceso la empresa Hidroscivil, a la que embargaron un bajo comercial en Vigo con intención de subastarlo, pero problemas burocráticos provocaron que no sometiese a puja, según fuentes de la Consellería de Economía, de la que depende el Igape.
Este carece de una previsión sobre la fecha en que se sacarán a la venta esas propiedades. Esta vía ofrece sobre el papel menos trabas burocráticas que la subasta, que obliga a cumplimentar más documentación y a depositar una fianza del 10% del valor del bien para pujar por él. En caso de no lograrlo, se recupera ese dinero.
