La Consellería de Facenda ratificó esta mañana el compromiso adquirido con los sindicatos en el acuerdo de Concertación Social rubricado con Comisiones Obreras y UGT, por lo que la OPE correspondiente a 2019 se aprobará en el primer trimestre de este año.Su intención es ofertar 2.055 puestos en 2019 y otros 2.250 en 2020, es decir, un total de 4.305 empleos,
Esta aprobación supone un importante adelanto respecto al pasado año, cuando se había aprobado en diciembre.
La Consellería de Facenda y los sindicatos Comisiones Obreras y UGT firmaron este mes un acuerdo de "estabilidad" entre los trabajadores de la Administración autonómica que prevé la convocatoria de una oferta pública de empleo (OPE) de más de 4.300 plazas entre 2019 y 2020 -que se suma a las ya anunciadas en sanidad y educación-, de las cuales unas 2.700 serán de libre acceso.
El acuerdo publicado el lunes en el Diario Oficial de Galicia, según recordó el conselleiro Valeriano Martínez, consta de cuatro ejes fundamentales que buscan "la estabilidad en el empleo público", la funcionarización del personal laboral fijo", "la implantación de la carrera profesional" y "la introducción de nuevos derechos para el conjunto de los trabajadores de la administración autonómica, tanto en el campo retributivo como en el de la conciliación social.
Además de la nueva OPE, el convenio regulará por primera vez el complemento de carrera profesional "para todo el personal" público de la Comunidad, que supondrá un incremento retributivo anual desde 761 hasta 2.460 euros, en función de la categoría y de manera progresiva.
De hecho, la Xunta abrirá "en pocos meses el proceso para solicitar el régimen extraordinario de la carrera profesional", que tendrá efectos desde el uno de enero.
Será un sistema "voluntario y consolidable" que permitirá reconocer los conocimientos, formación, experiencia y compromiso.
En pocos meses se tramitará también la regulación para hacer efectiva la funcionarización del personal laboral, "que permitirá acabar con las desigualdades entre los empleados públicos de la Xunta" de forma que se "abandonará progresivamente el régimen laboral".
"En pocos años en la administración gallega habrá un régimen unitario", proclamó Martínez. Otro de los grandes objetivos del Gobierno gallego es dotar al sistema de estabilidad, llegando al 93 por ciento, de forma que en 2020 "una de cada cuatro plazas" trabajen con estabilidad para lo que se potenciarán de forma anual las convocatorias de empleo público.
En su intervención, el conselleiro también desgranó mejoras que el Ejecutivo aplica en materia retributiva con un aumento del 2,25 por ciento que se reflejará en la nómina de enero -una media de 810 euros por trabajador-, y que llegará hasta el 3 por ciento en el próximo ejercicio.
En el campo de la conciliación se refirió a la puesta en marcha de una "bolsa de horas de libre disposición" para favorecer el cuidado de "menores o discapacitados", así como una serie "de medidas para favorecer la plena recuperación" de personas después de haber afrontado procesos de quimioterapia o radioterapia.
En definitiva, según el titular de Hacienda es "un acuerdo útil para Galicia en el que todos ganamos y, sobre todo, ganan los gallegos".
La oposición, sin embargo, entiende que este acuerdo, pese a ser positivo teniendo en cuenta el punto de partida, no es histórico, ya que únicamente trata de intentar devolver a los empleados públicos los derechos que se les hurtaron poniendo como excusa la crisis económica.
La parlamentaria de En Marea Julia Torregrosa criticó que desde la Xunta se muestren "triunfalistas" cuando deberían ser críticos porque el acuerdo es "claramente insuficiente" en tanto que no devuelve el poder adquisitivo con el que contaban los trabajadores antes de las vacas flacas.
En su opinión, se trata de "un poco de maquillaje" ya que lejos de reforzar la administración pública, la mantiene "sin personal suficiente" para poder ofrecer un buen catálogo de servicios públicos.
Por parte del PSdeG, Juan Díaz Villoslada sostuvo que con la firma de este acuerdo "asistimos una vez más a políticas de rectificación" por parte de la Xunta con anuncios que "no toman por convicción sino fruto de toda la presión social" surgida tras los recortes que vivió el sector público en los últimos años.
El diputado del BNG Luis Bará lamentó que esta "negociación sea ajena a Galicia" ya que obedece a premisas acordadas en el ámbito estatal sin intentar conseguir mejoras adicionales, limitándose a hacer "tabula rasa de lo acontecido y dando por perdidos los derechos" que se les quitó al personal público.
Muy al contrario, el diputado del PPdeG Jacobo Moreira incidió en la necesidad de "felicitar" a la Xunta por haber conseguido firmar el "acuerdo histórico más importante de la historia de la autonomía en términos cuantitativos y cualitativos".
