El paso del ámbito universitario al mercado resulta el más complicado para los investigadores gallegos, pero resulta fundamental para trasladar a la economía los logros obtenidos en las universidades y grupos de investigación de la comunidad. Como palanca de financiación para facilitar esa transición, la Consellería de Economía ha distribuido siete millones de euros entre dieciséis proyectos, fondos que aportará mediante el plan "Ignicia" hasta el año que viene. A cambio de esa ayuda, el Ejecutivo se garantiza el 30% de los ingresos futuros que obtengan.
Esta iniciativa resolvió su primera convocatoria de aportaciones económicas en 2017, año en que Economía distribuyó 4,4 millones entre nueve iniciativas seleccionadas entre 25 aspirantes. La segunda fase de "Ignicia" se ha resuelto recientemente para distribuir 2,6 millones entre los siete elegidos de los 48 solicitantes. De ellos, dos proyectos pertenecen a la Universidade de Vigo; tres, a la de Santiago; uno a la de A Coruña; y otro, a la Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Compostela.
Entre las condiciones fijadas por el departamento dirigido por Francisco Conde no solo se incluye la garantía de casi un tercio de futuros beneficios si el proyecto prospera y triunfa en el mercado, sino que debe contribuir a la mejora del empleo. Según Economía, la nueva edición de "Ignicia" permitirá crear o mantener 48 puestos, cifra que se eleva a 109 con la primera convocatoria.
En el caso de la reserva de una parte del pastel de ingresos de cada plan, el Ejecutivo defiende su implicación en cada investigación. "En el caso de que generen resultados, se deberá reintegrar el 30% de los retornos generados, de esa forma la Xunta comparte el riesgo de cada iniciativa, pero, al mismo tiempo, garantiza su participación en los posibles beneficios", según Economía.
En la segunda edición de "Ignicia" recibirán fondos investigaciones vinculadas al sector aeronáutico o químico, así como la salud, la nanotecnología o el análisis de datos.
Dos de ellas proceden de la Universidad de Vigo. En el primer caso, el protagonismo recae en el grupo de Procesamiento de Señales en Comunicaciones de la universidad, cuya iniciativa Aidfork recibe 336.060. Implica a diez trabajadores y prevé obtener beneficios al ser vendida como licencia.
El citado grupo "desarrolló dos tecnologías para llevar a cabo análisis forenses de imágenes y vídeos para determinar su autenticidad", herramientas necesarias en un momento en que la tecnología permite falsear material multimedia con tanta precisión que dificulta identificar realidad y mentira. Uno de sus métodos permite determinar el momento y lugar de la grabación de un vídeo usando "las perturbaciones en la iluminación captura y compararlas con las variaciones en la frecuencia de la red eléctrica", según explican desde Economía. El segundo detecta la falsificación de imagen o vídeo "utilizando características de las dependencias de píxeles que se encuentran comúnmente en las imágenes que se modificaron después de la captura", lo que puede utilizarse, por ejemplo, para verificar documentos como DNI's o pasaportes.
Otros 394.200 euros están asignados a RadioUAV, un proyecto de spin-off, es decir, de una diversificación a partir de otro centro investigador de Vigo. Su equipo de seis personas desarrolla "sistemas para la medida e inspección no destructiva basados en sensores de radiofrecuencia embarcados en vehículos aéreos no tripulados" que ha desarrollado el centro AtlantTIC de la universidad olívica. Emplea, por tanto, las ondas electromagnéticas para inspeccionar terrenos o infraestructuras, en lugar de cámaras de visión o térmicas, instaladas habitualmente en los drones.
Esta aplicación permite obtener "imágenes de alta resolución del subsuelo y objetos enterrados en él", facilitando la detección, por ejemplo, de minas antipersona, con mayor velocidad y seguridad y en zonas de difícil acceso, según Economía. También permite medir la radiación electromagnética de antenas de telecomunicaciones.
