El juicio del Alvia podría estar más cerca de celebrarse, cinco años y medio después del siniestro. El fiscal del caso, Mario Piñeiro, respalda el cierre de la instrucción con el maquinista y el exjefe de Seguridad de Adif como imputados y en un escrito registrado el 8 de enero impugna los recursos presentados contra el fin de la investigación por las partes, con lo que solicita su desestimación. Si se desestiman los recursos de las víctimas, Adif y ambos investigados, entre otras partes procesales, los tiempos se acortarían y el juicio por el siniestro en el que fallecieron 80 personas en la curva de A Grandeira estaría más cerca de celebrarse.
El auto de cierre de la instrucción, dictado por el magistrado Andrés Lago a principios del pasado mes de diciembre, "equipara" la responsabilidad de Adif a la del maquinista por no mitigar el riesgo en la curva y acuerda el sobreseimiento provisional de cinco investigados.
El escrito del fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, se refiere también a Francisco José Garzón Amo, conductor del convoy, y en el exjefe de Seguridad en la Circulación de Adif, Andrés Cortabitarte. Del primero, Piñeiro subraya la actitud "negligente" al "infringir" el principio "básico" de atención de la conducción, mientras que apunta a los "indicios de criminalidad" existentes en el segundo, a quien atribuye una "comisión por omisión" por "no controlar el riesgo que suponía la transición significativa de velocidad que culminaba en la curva" de A Grandeira.
Para rechazar los recursos, el fiscal se basa en que "no hay relación de accesoriedad" entre la conducta "omisiva" de Cortabitarte, obligado a controlar el riesgo, y "el riesgo generado por el maquinista". La primera "no interfiere en absoluto" en el segundo, señala.
Así, defiende que Garzón, el maquinista, "tenía que haber hecho todo lo que no hizo ese día y realizó en las otras ocasiones en que circuló por esa misma vía: ir mínimamente atento y reducir la velocidad del tren donde lo había hecho siempre". Insiste en que "su capacidad de decisión y comportamiento era totalmente autónoma e independiente de las medidas de seguridad" y que "su distracción al teléfono creó un peligro".
El maquinista era el único imputado cuando Andrés Lago intentó cerrar la instrucción del caso por primera vez en 2015. Entonces no salió adelante porque la Audiencia Provincial de A Coruña ordenó su reapertura al entender que debía analizarse si existía "un riesgo excesivo" en A Grandeira y si debía haber sido "paliado hasta límites razonables". En el segundo cierre, Lago Louro incluyó a Cortabitarte.
En relación al exdirector de Seguridad en la Circulación de Adif, el fiscal apunta que "tenía que garantizar que la línea era segura" y "no lo era", sino que era "altamente vulnerable" donde descarriló el tren. "Y peligrosa ante el fallo humano", sostiene en otro punto, para incidir sobre el "deber positivo de actuación" que tenía Cortabitarte. A su juicio, el riesgo "no era tolerable".
Para la imputación del cargo de Adif, Piñeiro cree que "no cambia en absoluto" si era o no necesaria una evaluación de riesgos "integral" y valora que no es "esencial para resolver la cuestión penal" el consenso técnico. En lo que respecta a la desconexión del ERTMS considera que "no se ha acreditado" que "interfiriese en el nexo causal del accidente".
El letrado del maquinista, Manuel Prieto, explicó a Efe que "la Fiscalía ha pedido que se mantengan las dos imputaciones que ha dicho el juez, pero no ha contestado ni dicho nada" sobre las otras que pidieron las acusaciones, de ahí que espere por el escrito de acusación.
Por otro lado, la comisión de investigación sobre Angrois afronta su recta final con una sesión prevista para el lunes en la que comparecerán, entre otros, el exministro de Justicia Rafael Catalá y el expresidente de Renfe Julio Gómez-Pomar.
