El 31% de los concellos gallegos admite no haber tomado medidas para luchar contra la corrupción y prevenir los conflictos de interés, tal como le obliga la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, que lleva un año en vigor. La norma marca esta obligación pero no detalla las medidas a tomar.

Otro tercio declara haber impulsada algunas, un 12% bastantes y otro 12% muchas. Un 14% no sabe, no contesta. Así se desprende de la encuesta elaborada por Red Localis sobre las dificultades para implantar la nueva norma de contratación pública. Se trata del primer sondeo hecho en todo el Estado sobre la aplicación de un ley, que está siendo muy cuestionada por los ayuntamientos. Han participado de forma anónima casi 60 concellos gallegos, explica el profesor de la Universidad de Vigo, Alberto Vaquero.

La falta de recursos y el desconocimiento explican que en algunos supuestos el incumplimiento de la ley sea tan elevado, apunta los autores del trabajo, que también observan que la ley obliga tanto al Ministerio de Defensa como al ayuntamiento más pequeño de Galicia. Y son realidades muy diferentes.

La encuesta también revela que sólo el 30% de los municipios se ha pasado a la contratación electrónica en su totalidad, tal como obliga la ley. Un 5% aún no ha sacado ningún contrato solo por vía electrónica, un 26% en algunos casos y un 36% en bastantes. Cualquier contrato que no se tramite por vía telemática automaticamente puede ser anulado si una de las empresas recurre la resolución, advierten los autores del informe Concepción Campos Acuña y José Caamaño Alegre. De hecho, ya ha habido resoluciones en este sentido.

Otra pregunta que Red Localis hizo a los ayuntamientos fue si han adoptado políticas de fomento de contratación para las pequeñas y medianas empresas, otra exigencia de la norma. Siete de cada diez contestaron que no. "Resulta llamativo, siendo la administración local la más pegada al ciudadano", comenta el profesor José Caamaño.

La opinión mayoritaria de los concellos es que es la nueva norma "no se adecúa a la realidad y necesidades de los ayuntamientos". El 67% considera, que un poco y un 17%, que nada. La mitad de los municipios consultados lamenta que la ley que lleva en un año en vigor "va a ser más una fuente de molestias y disfunciones que una oportunidad".

Propuestas de mejora

Ante estos resultados, Red Localis, una red de profesores e investigadores de las universidades gallegas que estudian la realidad del municipalismo de la comunidad, proponen "potenciar el papel de las Diputaciones" para que ayuden sobre todo a los municipios más pequeños a cumplir la nueva norma.

También demandan "sistematizar y clarificar los supuestos y límites en la aplicación de contratos menores", pues como la actual norma es ambigua se aplica con criterios diferentes en concellos vecinos, lo que suscita inseguridad jurídica.

"Profundizar en la profesionalización de la contratación pública, normalizar pliegos y documentos técnicos para favorecer la utilización de criterios sociales, medioambientales y de innovación tal como exige la ley, apostar por la contratación pública abierta, ..." son algunas de las propuestas que Red Localis desarrolla en su trabajo, a la vista de los resultados.

"La ley es mejorable, pero es mucho mejor que la anterior", subraya Concepción Campos. "Tiene potencial, pero el infierno está empedrado de buenas intención", advierte José Caamaño. Alberto Vaquero por su parte subraya la importancia de mejorar la norma, pues el 20% del PIB lo mueve la contratación de la administración local.